Participación ciudadana en la definición de una política energética nacional

Rodrigo Galleguillos Martín

La formulación de una política pública constituye un escenario complejo, donde coexisten distintos actores que buscan influir en el resultado final. En tal sentido, resulta relevante que en dicha etapa participen distintos agentes, pues ello contribuye a enriquecer el debate, reviste de legitimidad democrática al proceso de formulación, y permite que aquéllos que se verán afectados por la política pública sientan que sus opiniones fueron recogidas y valoradas dentro del espacio de discusión previo a la implementación de ésta.

Considerando la importancia que han adquirido en los últimos años las temáticas vinculadas a energía, medioambiente, y desarrollo sustentable, cabe destacar la iniciativa del Gobierno de lanzar una Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico, la cual tendrá como misión analizar y establecer las bases de una política energética de largo plazo para el país. De acuerdo a lo expresado por el Ministro de Energía, Laurence Golborne, la mencionada Comisión tendrá un carácter transversal y representativo, compuesta por expertos en materia energética, medioambiental y regulatoria, y tendrá la misión de abrir el debate sobre el sistema eléctrico nacional, basado en los recursos del país y considerando la viabilidad técnica, económica y ambiental de las diferentes tecnologías.[1]

Sin embargo, al revisar el listado de los expertos llamados a conformar este grupo de trabajo, queda en entredicho el carácter transversal y representativo al cual, supuestamente, apunta esta Comisión: la mayoría de los expertos están vinculados a la industria de generación de energía eléctrica, la cual constituye uno de los principales grupos de interés en la definición de una política energética nacional. Una posible consecuencia de esta conformación será que el resultado que emerja de dicha Comisión podrá recibir críticas por no representar las distintas visiones sobre cómo debe abordar Chile el reto energético. Asimismo, resulta sorprendente que la Comisión no incluya a representantes de organizaciones ambientales o ciudadanas, más aún considerando que el proceso de aprobación ambiental de Hidroaysén ha demostrado que la ciudadanía está empoderada con los temas ambientales, que tiene una postura sobre el tema y que – literalmente – está exigiendo a gritos ser escuchada y considerada a la hora de abordar el desarrollo de una política energética nacional.

La citada Comisión tendría mucho que ganar con la integración de representantes de ONGs u organizaciones ciudadanas. En tal sentido, se estaría dando una señal al país que el Ministerio elabora la política energética incluyendo a aquellos grupos ciudadanos interesados en la promoción de un desarrollo menos intensivo en el uso de los recursos naturales,  legitimando a esta instancia como una mesa realmente transversal, e incrementando las posibilidades que el trabajo que emerja de la Comisión sea validado por la ciudadanía.

No obstante, de acuerdo al Ministro Golborne, la Comisión Asesora podrá contar durante sus sesiones con invitados que representen a diversos actores del quehacer nacional[2]. Ello abre una ventana para que la Comisión haga partícipe de la discusión a organizaciones ciudadanas y otros agentes que tengan ideas en relación a cómo debiese estructurarse nuestra matriz energética. 

En suma, la idea de abrir la discusión sobre política energética es loable. Sin embargo, la sola  conformación de los miembros de esta Comisión permite intuir que ésta podría ser criticada por carecer de un carácter representativo y transversal. En aras de no desaprovechar esta instancia, es de esperar que la Comisión haga partícipe a la mayor cantidad posible de actores,  y que – en definitiva – se haga un análisis razonado de cómo sus ideas podrían (o no) contribuir a la formulación de una política energética acorde a las exigencias que la ciudadanía hoy está haciendo a nuestra clase política.

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[1]MINISTERIO DE ENERGÍA, CHILE. [en línea] <http://www.minenergia.cl/minwww/opencms/02_Noticias/noticia_detalle66ac.html?noticia=/02_Noticias/10.0.1.6.noticias_anteriores/f_noticia_03_05_2011.html> Consulta: 22 de mayo de 2011.

[2] Ibid.

HidroAysén, oportunidades perdidas

Rodrigo Campero T. (*)

Para desazón de muchos y alegría de otros cuantos, el sinuoso camino que siguió el proceso de calificación del proyecto energético HidroAysén ha concluido con la emisión de una resolución favorable.

Sin embargo, aún existe un largo camino por recorrer. Sin duda surgirán en el camino variados recursos judiciales con el fin de paralizar la ejecución del mega proyecto. Asimismo, aún resta por obtener la autorización ambiental para el trazado de la línea de transmisión eléctrica ha de tenderse entre Aysén y Santiago, cuestión fundamental para el éxito de esta iniciativa energética.

Pese a la existencia de los mencionados obstáculos, que impiden que el proyecto en comento, paradójicamente vea la luz, es posible en estos momentos extraer algunas conclusiones.

En primer lugar, queda de manifiesto que la institucionalidad ambiental chilena requiere, en forma urgente, una revisión en serio. Pese a haber sido objeto de una muy reciente reforma de carácter estructural, nuestra legislación medioambiental sigue adoleciendo de de un gran vicio, a saber, la falta de independencia política y técnica de los entes llamados a otorgar la calificación ambiental de los proyectos entregados a su conocimiento.

Así, el hecho que la aprobación o rechazo deba ser entregado por funcionarios subordinados jerárquicamente y en forma directa a la autoridad central, pone en entredicho la supuesta independencia que tales funcionarios deberían de gozar en el ejercicio de sus funciones, tendiendo un manto de duda acerca de que tan transparente resulta ser la tramitación de esta clase de mega proyectos.

En este sentido, de la misma forma en que se han alcanzado consensos para mejorar la competencia técnica de los organismos reguladores de los mercados, debería avanzarse hacia la creación de un sistema de evaluación ambiental independiente y descentralizado, que minimice la influencia de las autoridades del gobierno central y que legitime la toma de decisiones de carácter ambiental.

En segundo lugar, informaciones de prensa que delatan el vínculo –real o no- de personeros de HidroAysén con autoridades de gobierno, hace aparecer nuevamente el enojoso tema del conflicto de intereses que afecta a varias de nuestras autoridades públicas. Pero más escandaloso que la existencia de este supuesto vínculo, resulta ser que, a estas alturas, la elite política nacional no haya sido capaz de construir consensos que permitan la creación de un sistema eficaz y legitimado socialmente que logre disociar la actividad pública de los negocios privados.

Finalmente, no deja de sorprender el reduccionismo en el que ha caído la discusión ambiental en general y sobre todo este proyecto, en particular. Pese a la existencia de argumentos atendibles de lado y lado, las partes han centrado sus posiciones en lo contingente y no en los temas de fondo, dando lugar a una lucha que a ratos parece librarse entre despiadados hombres de negocios y fanáticos ecologistas milenaristas. Ha quedado fuera del debate una cuestión tan esencial como la definición de políticas estratégicas de largo plazo en materia de medio ambiente. Dicha omisión, más que la aprobación misma del proyecto eléctrico, parece ser la principal tragedia de todas. Se perdió dicha oportunidad en Barrancones y se está perdiendo en HidroAysén.

(*) Abogado U. De Chile