viernes, 21 de junio de 2013

Elecciones primarias

Elecciones Primarias
Rodrigo Kaufmann P.


Recientemente se ha aprobado en Chile una ley sobre elecciones primarias, que establece dicho mecanismo para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de alcaldes.

La dictación de dicha ley fue celebrada como la introducción de un elemento democrático al interior de las prácticas partidistas. En principio, el diseño de la ley permite dicha conclusión. La obligación legal para los partidos de aceptar el resultado de las primarias como vinculante para la designación de sus candidatos implica un momento legitimador, en el sentido de entregar la decisión sobre la representación de una determinada posición política a la figura que mayor consenso genera.

Si se considera que los partidos políticos cumplen la función de configuración y articulación de posiciones políticas al interior de la comunidad, permitiendo la formación de grupos de respaldo para determinadas visiones sobre la existencia común (política) y la conmensurabilidad de las distintas opciones, la entrega de poder decisorio a la misma comunidad debería ser vista con aprobación.

Sin embargo, resulta llamativa la introducción de un mismo mecanismo para la elección de figuras institucionales tan disímiles como lo hace la ley de primarias chilenas. ¿Qué implica la aprobación del mecanismo de primarias parlamentarias?

Si se considera, en términos simples, que corresponde al parlamento (Congreso Nacional) realizar la dimensión deliberativa de la democracia, es decir, servir como lugar de expresión de las visiones sobre la existencia común que han logrado los mayores respaldos al interior de la comunidad en un momento dado, y configurar dicha existencia de acuerdo a las mismas, entonces la función de las primarias puede aparecer como problemática.

En primer lugar, porque, si se está de acuerdo en la función institucional del Congreso Nacional, entonces es claro que dicha función no puede sino tener consecuencias para el rol institucional de los parlamentarios. Éste está definido por la dimensión deliberativa. El resultado es que en el caso del parlamentario, el sistema presupone la mayor homogeneidad entre quienes expresan una determinada visión sobre la existencia común. Lo anterior define una reducción al máximo posible del elemento carismático, en cuanto momento de desarrollo de la subjetividad. Dicha dimensión tiene mucho mayor cabida, por ejemplo, en el caso de candidaturas presidencias o de alcalde. Es interesante notar que el sistema de primarias, al exigir una diferenciación de los candidatos que comparten una visión de la existencia común, exige en cierto sentido una exaltación precisamente de la subjetividad del candidato, y una reducción de la dimensión de la homogeneidad, característica para la función parlamentaria.

Pero en segundo lugar, la exaltación de la dimensión individual al interior de la función parlamentaria lleva a la disolución de las estructuras partidistas en liderazgos individuales. La función democráticamente central de articulación y configuración de visiones sobre la existencia común que cumplen los partidos políticos en una comunidad desaparece de la atención institucional, pasando a ser un mero presupuesto para la participación en las elecciones primarias.

El problema de la democratización de las estructuras internas es un tema de relevancia central para los partidos políticos; lo es, sin embargo, porque es necesaria para el adecuado cumplimiento de su función en la democracia, que se manifiesta especialmente en la función parlamentaria. La solución de las elecciones primarias desvirtúa dicho rol, bajo el pretexto de una democratización que, considerada en sí misma, pierde cualquier sentido.

jueves, 20 de junio de 2013

La pregunta que debiera ir antes de la Asamblea Constituyente

La pregunta que debiera ir antes de la Asamblea Constituyente.

Rodrigo Campero T.
Abogado U. de Chile

Desde hace un tiempo, en distintos niveles y ambientes, se viene hablando de la necesidad de realizar cambios a la Constitución Política que actualmente nos rige, sobre todo en materias de régimen político, sistema electoral y quorum de aprobación de leyes acerca de determinadas materias. Esa necesidad ha permeado en casi la totalidad del discurso de los distintos actores políticos, al punto que ya no existe (casi) ninguno de ellos que no reconozca la necesidad de, al menos, efectuar ajustes, perfeccionamientos o reformas en la materia.

Este discurso es más fuerte tratándose de los grupos, partidos y candidatos presidenciales de izquierda, los que abogan por la convocatoria a una “Asamblea Constituyente”, destinada a generar un nuevo pacto constitucional que desplace al generado en 1980 y remendado innumerables veces, hasta llegar al nuevo texto refundido del año 2005. Esta iniciativa se ve respaldada fuertemente por distintos movimientos, ya sean políticos, sociales o académicos, que proponen alternativas que van desde la “cuarta urna”, “marcar el voto” o bien convocar sin más trámite a la Constituyente.

A estas alturas, existe consenso de la necesidad de implementar cambios a nivel constitucional, que permitan adecuar las reglas de la norma fundamental a los nuevos tiempos sociales. Ahora bien, donde hay multiplicidad de opiniones es en el mecanismo, pero sobre todo en el contenido de las reformas. La pregunta central y más importante no debiese ser cómo cambiar, sino qué cambiar.

Es ahí donde se debiera centrar el debate y no en sí lo más apropiado es una Asamblea Constituyente, una Comisión Bicameral o lo que sea. Alguien señaló en la prensa en alguna oportunidad que una asamblea constituyente es el perfecto camino para no hacer nada, y creo que la frase tiene mucho sentido, y mucho de verdad, en la medida que quienes promueven esa clase de mecanismos no expliciten cuáles son los cambios que se le quieren proponer al país.

En definitiva, no basta con enunciar conceptos amplios como “justicia”, “igualdad”, “nacionalización”, “gratuidad”, etc., si no se expone y propone de qué manera tales ideas se plasmarían en un nuevo texto constitucional. No se trata, naturalmente, de explicar como irían  escritos los nuevos artículos, pero sí de dar a conocer de manera concreta y sincera, los lineamientos y propuestas que se sustentan en dichos conceptos tan amplios, y que por lo mismo, pueden significar mucho como también pueden significar nada.

Esas aclaraciones, indispensables en un debate sincero, no sólo irían en beneficio de quienes propugnan esas acciones, sino que además contribuirían a un intercambio responsable, fundado y no populista, donde todos los actores podrían hacerse cargo de los argumentos contrarios y de sus propias posiciones.