viernes, 21 de junio de 2013
Elecciones primarias
Elecciones Primarias
Rodrigo Kaufmann P.
Recientemente
se ha aprobado en Chile una ley sobre elecciones primarias, que establece dicho
mecanismo para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de alcaldes.
La dictación de
dicha ley fue celebrada como la introducción de un elemento democrático al
interior de las prácticas partidistas. En principio, el diseño de la ley
permite dicha conclusión. La obligación legal para los partidos de aceptar el
resultado de las primarias como vinculante para la designación de sus candidatos
implica un momento legitimador, en el sentido de entregar la decisión sobre la
representación de una determinada posición política a la figura que mayor
consenso genera.
Si se considera
que los partidos políticos cumplen la función de configuración y articulación
de posiciones políticas al interior de la comunidad, permitiendo la formación de
grupos de respaldo para determinadas visiones sobre la existencia común
(política) y la conmensurabilidad de las distintas opciones, la entrega de
poder decisorio a la misma comunidad debería ser vista con aprobación.
Sin embargo,
resulta llamativa la introducción de un mismo mecanismo para la elección de
figuras institucionales tan disímiles como lo hace la ley de primarias
chilenas. ¿Qué implica la aprobación del mecanismo de primarias parlamentarias?
Si se considera,
en términos simples, que corresponde al parlamento (Congreso Nacional) realizar
la dimensión deliberativa de la democracia, es decir, servir como lugar de
expresión de las visiones sobre la existencia común que han logrado los mayores
respaldos al interior de la comunidad en un momento dado, y configurar dicha
existencia de acuerdo a las mismas, entonces la función de las primarias puede
aparecer como problemática.
En primer
lugar, porque, si se está de acuerdo en la función institucional del Congreso
Nacional, entonces es claro que dicha función no puede sino tener consecuencias
para el rol institucional de los parlamentarios. Éste está definido por la
dimensión deliberativa. El resultado es que en el caso del parlamentario, el
sistema presupone la mayor homogeneidad entre quienes expresan una determinada
visión sobre la existencia común. Lo anterior define una reducción al máximo
posible del elemento carismático, en cuanto momento de desarrollo de la
subjetividad. Dicha dimensión tiene mucho mayor cabida, por ejemplo, en el caso
de candidaturas presidencias o de alcalde. Es interesante notar que el sistema
de primarias, al exigir una diferenciación de los candidatos que comparten una
visión de la existencia común, exige en cierto sentido una exaltación
precisamente de la subjetividad del candidato, y una reducción de la dimensión
de la homogeneidad, característica para la función parlamentaria.
Pero en segundo
lugar, la exaltación de la dimensión individual al interior de la función
parlamentaria lleva a la disolución de las estructuras partidistas en
liderazgos individuales. La función democráticamente central de articulación y
configuración de visiones sobre la existencia común que cumplen los partidos
políticos en una comunidad desaparece de la atención institucional, pasando a
ser un mero presupuesto para la participación en las elecciones primarias.
El problema de la democratización de las estructuras
internas es un tema de relevancia central para los partidos políticos; lo es,
sin embargo, porque es necesaria para el adecuado cumplimiento de su función en
la democracia, que se manifiesta especialmente en la función parlamentaria. La
solución de las elecciones primarias desvirtúa dicho rol, bajo el pretexto de
una democratización que, considerada en sí misma, pierde cualquier sentido.
jueves, 20 de junio de 2013
La pregunta que debiera ir antes de la Asamblea Constituyente
La pregunta que debiera ir antes de la Asamblea Constituyente.
Rodrigo Campero T.
Abogado U. de Chile
Desde hace un tiempo, en
distintos niveles y ambientes, se viene hablando de la necesidad de realizar
cambios a la Constitución Política que actualmente nos rige, sobre todo en
materias de régimen político, sistema electoral y quorum de aprobación de leyes
acerca de determinadas materias. Esa necesidad ha permeado en casi la totalidad
del discurso de los distintos actores políticos, al punto que ya no existe
(casi) ninguno de ellos que no reconozca la necesidad de, al menos, efectuar
ajustes, perfeccionamientos o reformas en la materia.
Este discurso es más fuerte
tratándose de los grupos, partidos y candidatos presidenciales de izquierda,
los que abogan por la convocatoria a una “Asamblea Constituyente”, destinada a
generar un nuevo pacto constitucional que desplace al generado en 1980 y
remendado innumerables veces, hasta llegar al nuevo texto refundido del año
2005. Esta iniciativa se ve respaldada fuertemente por distintos movimientos,
ya sean políticos, sociales o académicos, que proponen alternativas que van
desde la “cuarta urna”, “marcar el voto” o bien convocar sin más trámite a la
Constituyente.
A estas alturas, existe consenso
de la necesidad de implementar cambios a nivel constitucional, que permitan
adecuar las reglas de la norma fundamental a los nuevos tiempos sociales. Ahora
bien, donde hay multiplicidad de opiniones es en el mecanismo, pero sobre todo
en el contenido de las reformas. La pregunta central y más importante no
debiese ser cómo cambiar, sino qué cambiar.
Es ahí donde se debiera centrar
el debate y no en sí lo más apropiado es una Asamblea Constituyente, una
Comisión Bicameral o lo que sea. Alguien señaló en la prensa en alguna
oportunidad que una asamblea
constituyente es el perfecto camino para no hacer nada, y creo que la frase
tiene mucho sentido, y mucho de verdad, en la medida que quienes promueven esa
clase de mecanismos no expliciten cuáles son
los cambios que se le quieren proponer al país.
En definitiva, no basta con
enunciar conceptos amplios como “justicia”, “igualdad”, “nacionalización”,
“gratuidad”, etc., si no se expone y propone de qué manera tales ideas se
plasmarían en un nuevo texto constitucional. No se trata, naturalmente, de
explicar como irían escritos los nuevos artículos, pero sí de
dar a conocer de manera concreta y sincera, los lineamientos y propuestas que
se sustentan en dichos conceptos tan amplios, y que por lo mismo, pueden
significar mucho como también pueden significar nada.
Esas aclaraciones, indispensables en un debate sincero, no sólo irían en beneficio de quienes propugnan esas acciones, sino que además contribuirían a un intercambio responsable, fundado y no populista, donde todos los actores podrían hacerse cargo de los argumentos contrarios y de sus propias posiciones.
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