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sábado, 6 de noviembre de 2010

¿NOS VEMOS EL 2018?

Pablo Romero Munizaga (*)
El día 13 de octubre de este año, al concluirse el último rescate de los 33 mineros, un empleado público de la República dijo “las cosas las hemos hecho a la chilena, es decir, las hemos hecho bien”. Dicha declaración me asombró, pues con anterioridad he escuchado, en no pocas ocasiones, otra acepción que se encuentra más arraigada a la mentalidad popular, esto es, que hacer las cosas a la chilena implica el siguiente razonamiento: “¿para qué hacer las cosas bien, si las podemos hacer mal?”.
Es cierto que la elección de la directiva de la ANFP está establecida en su propia normativa, aprobada y aceptada por todos sus miembros desde que éstos se incorporan a tal institución. Resulta innegable que el resultado de los comicios dio objetivamente el triunfo al señor Segovia. Asimismo, existen todos los antecedentes como para calificar –sólo formalmente y en ningún caso de fondo– legítimo el triunfo del sujeto en cuestión.
Sin embargo, tiene algo de excesivo que uno de sus adherentes, señor Federico Valdés, califique como “una elección limpia” el triunfo del nuevo Directorio en circunstancias que, aparentemente, se encontraba en conocimiento de que su candidato presentaba una manifiesta incompatibilidad para ser calificado como dirigente de la ANFP, tal cual lo expresa el artículo 164 de los estatutos de dicha institución.
Pero si, como se ha dicho, tiene algo de excesivo ignorar y vulnerar conscientemente la propia reglamentación de la institución que el propio infractor va a encabezar, el asunto es aún peor cuando intenta desligarse de responsabilidad frente a la salida de un profesional al que la FIFA ha catalogado como uno de los mejores 5 directores técnicos del mundo, alegando que “yo no eché a Marcelo Bielsa, él se fue solo”, toda vez que las declaraciones de don Marcelo en orden a sostener que “no puede trabajar en común con el señor Segovia”, son del todo legítimas y fundadas. El nuevo presidente de la máxima entidad futbolística nacional representa a los segmentos que se oponen terminantemente a facilitar jugadores al combinado chileno –su propia selección– y, además, descarta en términos absolutos la creación del nuevo complejo deportivo que Bielsa había solicitado desde hace años. Vale recordar que el compromiso de don Harold Mayne-Nicholls a este respecto constituyó uno de los antecedentes relevantes para que el rosarino renovara en su cargo.
Ahora, si el señor Segovia, siendo propietario del club Unión Española y simultáneamente presidente de la ANFP, con la consiguiente eventual falta de transparencia y generación permanente de potenciales conflictos de intereses mantenga ambos cargos a la vez, la situación es aún peor. Porque en este caso debemos entender tales conflictos de intereses, en términos abstractos, como la contraposición existente entre los intereses propios y los de la institución en la cual ejerce funciones y, en particular, comprendemos que las vinculaciones que pueden surgir entre la Unión Española y la sede de Quilín son manifiestamente múltiples y de variada índole.
Y si, para mal de males, el señor Segovia presenta antecedentes polémicos como en el caso “Pipa” Estévez, pasando por encima de la autoridad competente y dejando mal parado al técnico del plantel frente a sus propios jugadores, sin tener la capacidad intelectual necesaria para justificar por qué la declaración de don Marcelo Bielsa al respecto fue un mal ejemplo con asociaciones erradas y completamente desinformadas, entonces el asunto es simplemente intolerable.
Si, en fin, el señor Segovia tiene una idea al respecto de solicitar un préstamo bancario por US$100.000.000 para comprar el 20% del CDF en US$80.000.000 y repartir el saldo restante entre los clubes asociados y sosteniendo, por otro lado, que se descarta la construcción del nuevo complejo deportivo de la selección argumentando que “para la Asociación no es conveniente comprometer recursos en un proyecto de esa envergadura”, el asunto se vuelve ahora casi incomprensible, uno no entiende nada de nada y la cuestión ya da vergüenza ajena, porque ¿de quién esperaría uno mayor coherencia y apego a la institucionalidad de la gente que se llama a sí misma dirigentes?.
Pero no, ahora resulta que basta que alguien disponga de una posición empresarial, haya gestionado sin destacar a un club local, tenga unos contactos de por aquí o de por allá, se haya conseguido el apoyo dudoso de un par de colegas para concluirse como capaz para estar al frente de una Asociación a la que llegó con irregularidades de fondo y como titular de dos o tres condiciones innatas, si es que las tiene.
Y que, para colmo, haga declaraciones desconociendo varios hechos de los expuestos y que se victimice frente a una declaración de principios legítima expuesta por el actual adiestrador del equipo de fútbol nacional.
Ciertamente que es excesivo y, por lo mismo, me remito a la citada frase expuesta anteriormente por el empleado público en cuanto a que las cosas se hicieron a la chilena, pero no en la acepción dada por éste, sino en aquella que está más arraigada a la mentalidad popular.
Si dejamos partir a un dirigente que es funcionario FIFA bien evaluado, tanto a nivel nacional como internacional, y a un director técnico que reubicó a Chile a nivel regional y mundial, siendo este país, quizás, el único en el mundo que tuvo el privilegio de tenerlos simultáneamente, me resulta imposible llegar a otra conclusión.

(*) Abogado, U. de Chile.

lunes, 31 de mayo de 2010

Sobre el Diario La Nación

Rodrigo Campero Tagle(*)


En general, los medios de comunicación ligados al Estado siempre han sido objeto de polémicas, y en el caso del periódico “La Nación”, dicha premisa se cumple al pie de la letra. Catalogado como la voz del oficialismo por algunos, como órgano de propaganda por otros y como alternativa a los medios tradicionales por otros cuantos, dicho periódico se ha caracterizado por adoptar una línea ciento por ciento afín al gobierno de turno, sacrificando calidad – afirmación siempre discutible por cierto - en aras de la comunicación de los objetivos y programas de los inquilinos de La Moneda que correspondan.

Ahora bien, la imparcialidad es una idea que no necesariamente debe presidir los esfuerzos llevados a cabo por un medio de comunicación. Probablemente las nociones de imparcialidad, objetividad e independencia son atributos deseables con el objeto de lograr credibilidad frente a los lectores y al público en general, lo cual no implica que un medio de comunicación deba ser siempre imparcial. Cada dueño de medio de comunicación es libre de adoptar el enfoque y línea editorial que estime más funcional a sus propios intereses y objetivos, asumiendo como riesgo propio la imparcialidad o la falta de ella.

Sin embargo, el asunto no es tan claro cuando la propiedad – o el capital – de determinado negocio no pertenece a un particular, sino que se encuentra en manos del Estado, como ocurre en el caso de “La Nación”. Es decir, cuando el riesgo no lo corre un individuo o conjunto de individuos particulares, sino que recae en aquella difusa comunidad conocida como “los contribuyentes”: el riesgo de todos es el riesgo de nadie. En dicho caso no parece tan trivial sacrificar calidad (o ingresos), en pos del voluntarismo del propietario. Por esto, surge la inquietud acerca de si la extensión del derecho del gobierno de fijar una línea editorial de un medio de comunicación de propiedad pública es tan amplia como la libertad de un propietario de un medio de comunicación privado.

En razón de la inquietud expuesta, pueden formularse al menos las siguientes interrogantes: (i) ¿Se justifica que un gobierno democrático controle un medio de comunicación escrito? y (ii) ¿Puede la línea editorial de un medio de comunicación público ser fijada en forma discrecional?

En primer lugar, para encontrar una justificación al control de La Nación por parte del gobierno, debe atenderse a la utilidad o beneficio que con ello se busca, sea económico o de otra naturaleza. Desde el punto de vista económico la utilidad es dudosa, por cuanto se sabe que “La Nación”, como empresa, es deficitaria, sosteniéndose con los ingresos generados por el Diario Oficial. Ahora bien, desde el punto de vista comunicacional o estratégico, el beneficio para el gobierno es mayor, atendido el uso propagandístico que este hace del medio en comento, ensalzando las obras propias y denostando las ajenas, muchas veces en forma absolutamente discrecional e injustificada. Sólo desde esta última perspectiva puede decirse que “La Nación” es una empresa rentable. Sin embargo, dicha rentabilidad resulta ser espuria, por cuanto el uso que el gobierno hace del diario constituye una verdadera competencia desleal contra los demás grupos políticos que no cuentan, al menos explícitamente, con los recursos económicos y personales para hacer frente a la avalancha comunicacional proveniente de Palacio.

En segundo lugar, atendida la propiedad pública del medio de comunicación en comento, parece completamente arbitrario que las noticias a cubrir, la oportunidad de su publicación o presentación al público y la profundidad de su cobertura (en síntesis, la línea editorial del diario), sean definidos por un directorio designado en forma unilateral e inconsulta por el gobierno central. En atención a su carácter –y financiamiento- público, lo razonable sería que la composición del directorio quedara entregada a criterios que garantizaran pluralismo y autonomía, cuestión que claramente no ocurre en la especie.

Así las cosas, no parece justificado que el Fisco continúe siendo accionista mayoritario de la empresa “La Nación S.A.”, al menos en las condiciones actuales, donde estando involucrados recursos públicos, no se respetan principios mínimos de eficiencia, autonomía y pluralismo. Por dicha razón, pareciera ser aconsejable que el Estado se desprendiera de su participación en dicha empresa, empleando los recursos antes utilizados en el periódico en satisfacer otras necesidades más urgentes y que arrojen mayor rentabilidad, al menos en términos sociales.

(*) Abogado. Universidad de Chile.