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lunes, 6 de mayo de 2013
Puente Pio Nono convoca a opinar sobre el régimen político vigente en Chile y sus perspectivas de reforma
La Revista Puente Pío Nono
surgió hace más de tres años con la misión de “contribuir a levantar el cada
vez más alicaído debate nacional, muchas veces centrado en lo accesorio y no en
la sustancia” en una época en que Chile carecía de la efervescencia
política y social que exhibe desde el año 2011.
A más de tres años de la
publicación de las primeras columnas en Puente Pio Nono, sorprende todo lo que ha
pasado en Chile en el tiempo intermedio. En ese momento, era difícil imaginar
que la expresión “Chile es un país muy largo, mil cosas pueden pasar”
pudiera aún tener alguna vigencia. Sin embargo, las cosas han cambiado: hoy no
solamente se discute públicamente en Chile sobre nuestra matriz energética, el
sistema educacional o la legitimad de los quórum reforzados, sino derechamente
sobre llamar a una asamblea constituyente.
Mientras algunos de los
editores de la Revista Puente Nono miramos con cierta reticencia la
radicalización que vive el país, otros saludan con esperanzas estos nuevos
tiempos, pero todos tenemos en común un gran interés por abordar reflexivamente
la situación que actualmente vive Chile. En este escenario, aspiramos a que el
espíritu que animó, hace más de tres años, el surgimiento de Puente Pio Nono,
cumpla hoy más que nunca su cometido, facilitando un “tránsito de ideas
que resulte provechoso para la comunidad nacional”. Para tal efecto, hoy convocamos
a todos nuestros lectores y, especialmente, a nuestros columnistas habituales a enviarnos
sus reflexiones sobre la situación del régimen político vigente en Chile y sus
perspectivas de reforma, a leer los artículos que se
publiquen, comentarlos y difundirlos.
Ahora, más que nunca, la
invitación a publicar en las “páginas virtuales” de Puente Pio Nono está
abierta.
Ernesto Vargas Weil
Revista Puente Pio Nono
jueves, 18 de abril de 2013
Algunas reflexiones relacionadas con la destitución del ministro.
Por Rodrigo Campero T.
Abogado U. de Chile.
La destitución de Harald Beyer el 17 de abril de 2013, producto de la aprobación de la Acusación Constitucional por parte del Senado en la misma fecha, entrega numerosos aspectos sobre los cuales analizar y reflexionar.
Abogado U. de Chile.
La destitución de Harald Beyer el 17 de abril de 2013, producto de la aprobación de la Acusación Constitucional por parte del Senado en la misma fecha, entrega numerosos aspectos sobre los cuales analizar y reflexionar.
Ello, debido a que la destitución del ministro simboliza más que ese
hecho político en sí mismo. La destitución puede ser considerada como representativa de muchos aspectos
relevantes que han dominado el debate público durante los últimos dos años y
fracción.
Analizar todas las implicancias de este hecho, de manera ordenada y
concatenada, sería muy pretencioso e imposible de realizar en tan solo una
columna. No obstante ello, existen varias conclusiones que -creo- pueden
extraerse apresuradamente, en unas pocas líneas.
No basta con “ser el mejor”
para gobernar. Será casualidad o no, pero desde que la derecha se instaló
en el poder, el clima político se ha polarizado de manera progresiva. Es
cierto, durante los gobiernos de la Concertación siempre existió un nivel de
polarización (sobre todo en los comienzos de éstos y mientras Pinochet fue un
actor relevante), pero durante los gobiernos de Lagos y Bachelet esa
polarización se había atenuado. Parecía que había consenso en los temas
centrales y las protestas se reducían a temas sectoriales (a veces los jubilados, a veces los portuarios, a veces los escolares y los universitarios).
En cambio, a partir del 2010 y sobre todo del 2011, se ha instalado un
clima bipolar y a ratos muy poco tolerante (es cosa de ver las redes sociales), probablemente debido a que han
comenzado a surgir una oposición no al gobierno de turno, sino que al “modelo”
en su conjunto.
Esa oposición, hay que admitirlo, tiene su origen en parte al discurso
triunfalista de la derecha, que ninguneó a sus adversarios desde el primer día
y quiso darle entender a todo el mundo que puesto que “los incompetentes” se
fueron, ahora venía lo bueno. Craso error, porque como todos sabemos desde nuestra infancia, a nadie le gustan los “sabelotodos”.
La derecha creyó que tan solo apelando al discurso de la “gestión” iba
a conducir exitosamente su gobierno, y vaya que se equivocó. A partir de ahora
quedará claro para siempre, no basta con haber tenido éxito en el retail, la banca o en
el sector financiero (coincidentemente los sectores que concentran más reclamos), porque al final del día gobernar un país no es tan solo
manejar con solvencia una “Carta Gantt”, sino que lidiar con numerosas expectativas,
presiones e intereses.
El vilipendiado lucro. A
partir de las movilizaciones estudiantiles, la palabra “lucro” pasó a ser un
concepto prohibido. Nadie quiere asociarse a él. El lucro pasó a ser sinónimo
de abusos, usura, letra chica y aprovechamiento. Sobre todo en materia de
educación, donde mucha gente puede sentirse legítimamente abusada por parte de
universidades de mentira (todos saben cuales son), de pésimo prestigio, caros aranceles y pesados
intereses.
Sin embargo, como suele ocurrir, el slogan termina por sobrepasar a la
evidencia real y mucha gente -de buena o mala fe- termina creyendo que
“eliminando” una persona, como el ministro Beyer, implicará acabar con el
problema por arte de magia. Ello no solo es injusto -porque instrumentalizar a
una persona siempre será un acto inmoral-, sino que falso. Falso, porque es
obvio que el lucro en la educación no quedará desterrado sólo por la salida del
ministro (¿acaso hoy 18 de abril de 2013 se acabó el lucro en la educación?), y
porque no se puede borrar por decreto una de las pulsiones o inclinaciones más
fuertes de las personas, que es el ánimo
de obtener utilidad. Creer que ellos son
malos porque lucran, y nosotros somos
buenos porque no lo hacemos, es tanto mentira como hipocresía. A todos nos gusta ganar. El tema es a que costo.
La conciencia por delante. ¿Cuántos
parlamentarios habrán estado en contra de la acusación en su fuero interno,
pero la votaron favorablemente? No es difícil pensar que pueden haber sido
varios, sobre todo si consideramos que acá estábamos en frente un caso difícil. Así, la decisión del
senador P. Walker, de votar en contra de la destitución y contradiciendo la
opinión de todo su conglomerado político y exponiéndose a la severa censura de
“la calle”, resulta tremendamente valiente. Porque para ir en contra de la
mayoría, hay que ser muy honesto consigo mismo, y vaya que eso cuesta en una
época donde lo cool es seguir a la
mayoría y no perder seguidores en Twitter. Lo mismo ocurre por la decisión de
Beyer de no renunciar. Si bien esa decisión puede interpretarse como una
operación de victimización (puede haber algo de ello), el hecho de no
renunciar, perdiendo con ello la opción de obtener una ganancia (evitar la
condena), constituye un tremendo acto de consecuencia con las propias
convicciones, prefiriendo en su lugar “beber la cicuta” en nombre de lo que
consideraba justo. El gesto de ambos, el de rebelarse ante lo que ellos
consideraban una injusticia, es una completa rareza en nuestros tiempos y, a mi
juicio, tremendamente admirable.
martes, 3 de julio de 2012
Rompiendo el ciclo: legitimidad en el sistema político chileno
Rodrigo Galleguillos M. (*)
En una entrevista
radial emitida semanas atrás, el ex Ministro Francisco Javier Cuadra se
refirió a las movilizaciones sociales y a la crisis que enfrentaría el sistema
político, señalando la probabilidad que en el futuro cercano nos enfrentemos al
rebrote de un fenómeno que constituiría el verdadero ADN de Chile: un continuo ciclo de “largos períodos democráticos de deterioro, de 40 años” que dan paso
a fenómenos autoritarios cortos, muy reformistas, que “resetean, por así decir, el país” y que permiten el retorno de un
sistema democrático, con partidos políticos que manejan “irresponsablemente” el país y que dan paso – nuevamente – a los
citados períodos de autoritarismo.
Independientemente
de la opinión que se tenga sobre los dichos del señor Cuadra, éste acierta en
un punto: efectivamente, el país ha vivido continuas crisis en su sistema
político, episodios tras los cuales ha venido un período autoritario donde se
establece el marco normativo o las “reglas del juego”, las que posteriormente
son implementadas por la clase política, hasta que ésta vuelve a caer en
crisis.
Lo que no
señaló el señor Cuadra son las causas de este fenómeno, cuestión que
pretendemos abordar en esta ocasión. El desconocimiento de dichas causas nos
condenaría persecula seculorum a
repetir los ciclos del pasado, lo que es particularmente preocupante en el
contexto actual: no han faltado las voces que al ver a 100.000 personas en las
calles protestando por la educación, la nacionalización de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente, han comparado lo sucedido con
episodios previos al golpe de estado de 1973… con las consecuencias por todos
conocidas.
Según Gabriel
Salazar y Julio Pinto, en su “Historia Contemporánea de Chile, Tomo I”[1],
el fenómeno antes descrito se da por la imposición forzada de un sistema
político y económico por parte de un grupo o sector de la sociedad a otro(s),
con absoluta prescindencia de un proceso de diálogo en
que todos los sectores de la sociedad chilena legitimen las reglas del juego
que nos rigen. Profundizando lo anterior, Salazar y Pinto señalan que en
nuestra historia las reglas del juego que han tenido mayor perdurabilidad han
sido impuestas por la fuerza (“Clase Política Militar”), quedando luego éstas
administradas por una elite política funcional (“Clase Política Civil”) y que
se beneficia de las normas establecidas. De más está decir que opiniones o
propuestas discordantes son neutralizadas por la fuerza, luego omitidas en la
definición del sistema político y en tercer lugar, cuando ya existe un período (aparentemente)
democrático, son catalogadas como subversivas o contrarias al “orden social”,
siendo nuevamente reprimidas por la policía o fuerzas armadas. Por supuesto,
aquellos ciudadanos y sectores excluidos se sienten perjudicados y expresan su
malestar a través de diversas vías, tales como peticiones a la autoridad,
manifestaciones en las calles o derechamente por una vía violenta.
En tal
sentido, la razón tras los continuos ciclos de democracia/autoritarismo estaría
dada por la ausencia de legitimidad en nuestro sistema político, expresada en
la ausencia de real participación de la sociedad en la definición de las reglas
del juego que la rigen: jamás en Chile ha existido una Asamblea Constituyente,
quedando la redacción de nuestras constituciones a cargo de comisiones
funcionales al poder autoritario vigente y, aun cuando ha existido un
parlamento, éste se encuentra fuertemente circunscrito a las ataduras impuestas
por las normas del juego pre establecidas en episodios históricos autoritarios.
La ausencia de
legitimidad de nuestro sistema político explicaría las movilizaciones sociales que cada cierta cantidad de años se dan en
nuestro país. Éstas pueden representar expresiones de soberanía popular que no
han sido debidamente atendidas por nuestro ordenamiento jurídico y que emergen
y piden – justificadamente - ser legitimadas dentro del sistema
político-normativo.
Entender de
esta manera nuestra historia nos permite, en primer lugar, comprender las
razones tras el “ADN de Chile”
descrito por el señor Cuadra y, en segundo lugar, adoptar las medidas como
sociedad para romper el ciclo que cada cierta cantidad de años nos ha llevado a
regímenes autoritarios. El sistema político actual debe ser capaz de escuchar y
recoger los requerimientos que hoy realizan los ciudadanos, por cuanto dicha
inclusión inyecta legitimidad al sistema político chileno.
Las
conversaciones que han sostenido la mayoría de los partidos políticos en orden
a modificar el sistema binominal son una buena señal respecto a que los
políticos chilenos parecen estar comenzando a escuchar al sentir ciudadano.
Nuestros políticos y nuestro sistema normativo no pueden seguir dando la
espalda a los requerimientos que realizan los chilenos, pues dicha actitud
representa, precisamente, la actitud que nos ha llevado históricamente a los
ciclos descritos por el señor Cuadra. El desarrollo de nuestro país depende, en
consecuencia, del grado de madurez que alcance nuestra clase política, presente
y futura, para abordar las expresiones de los distintos sectores de la sociedad
y así legitimar el régimen político - normativo
que nos rige.
(*) Abogado, U. de Chile.
[1] Pinto, Julio y Salazar, Gabriel. Historia Contemporánea de Chile I:
Estado, legitimidad, ciudadanía. LOM Ediciones. Santiago, Chile. 1999.
jueves, 25 de agosto de 2011
Plebiscito, ¿Sí o No?
Rodrigo Campero T. (*)
Más allá del juego de palabras del título de la presente columna, resulta pertinente analizar algunas razones a favor y en contra de la realización de un eventual plebiscito, como se ha propuesto por algunas voces, para encontrar una salida a la crisis de la educación que ha monopolizado la agenda pública durante los últimos meses.
En cuanto a las razones a favor de un plebiscito, puede mencionarse, en primer lugar que la realización de un referéndum permitiría a la ciudadanía, en forma directa, zanjar un conflicto que parece encontrarse en un punto muerto dada la incapacidad que han evidenciado tanto el gobierno como los actores sociales de sentarse a conversar acerca de una solución racional a este problema. Incapacidad del gobierno, por sus numerosos errores al encarar una situación tan compleja, e incapacidad de los actores sociales por plantear como asuntos esenciales e intransables materias complejas, no susceptibles de resolver en el corto plazo.
En segundo lugar, y relacionado con la razón anterior, un argumento a favor de un plebiscito constituye la legitimidad ciudadana que el resultado del mismo tendría, en aras de la resolución del conflicto.
Los motivos antes expresados servirían de argumentos suficientes para apoyar la realización de una consulta para resolver el conflicto de la educación. Sin embargo, existen cuestiones que deberían ser resueltas en forma previa, para poder considerar al plebiscito como una herramienta aceptable y legítima para la resolución de este caso.
En primer término, surge de inmediato una interrogante esencial: ¿Quién formula las preguntas sometidas a plebiscito? El tema no es menor, puesto que no existiendo un mecanismo legitimado socialmente (sin perjuicio de la regulación constitucional sobre la materia, que es muy puntual) para la definición de tal cuestión, es imposible pensar en un referéndum sobre el cual la ciudadanía pueda depositar su confianza y aceptación.
En segundo lugar, surge la interrogante acerca de la legitimidad y autoridad de la o las personas sobre las cuales recaería la responsabilidad de formular las preguntas sobre las cuales la ciudadanía se pronunciaría. Ante la inexistencia de un consenso acerca del ente habilitado para definir una cuestión de tamaña trascendencia, necesariamente habrán sectores que no se sentirán tanto representados por la voluntad emanada de la respuesta a la consulta, como obligados a cumplir con lo resuelto, ante la sospecha de la existencia de letra chica que pudiese distorsionar el resultado del plebiscito o las condiciones de la implementación del resultado arrojado por éste.
Asimismo, cabe preguntarse, en tercer lugar, acerca de la conveniencia de someter a la consulta popular, materias de alta densidad técnica, cuya respuesta escapa al mero voluntarismo. A modo de ejemplo, si el motivo de la consulta fuese el término del lucro en materia educacional, ¿cuál sería el alcance de la respuesta? ¿Cómo conciliar una respuesta, a veces influida por el componente emocional, contingente o derechamente por consignas, con consecuencias tanto económicas como legales? No se trata de menospreciar la voluntad popular, pero es un hecho que muchas veces las cuestiones son más complejas, en cuanto a su contenido, de lo que parecen.
Finalmente, un argumento en contra de un eventual plebiscito es que su realización implicaría renunciar a las instituciones que, para bien o para mal, durante los últimos años nos hemos dado para la resolución de nuestros problemas, modificándolo por puro voluntarismo ante la imposibilidad de plantear un diálogo razonable. Nada obsta que tales instituciones sean modificadas, a la luz de los cambios propios de la dinámica social, pero cambiarlas únicamente por la incapacidad de la sociedad de adoptar una posición madura frente a un problema complejo, demuestra un débil compromiso con valores en los que todos dicen creer pero pocos parecen demostrarlo.
(*) Abogado, U. de Chile.
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