Por estos días, resulta tremendamente atractivo para empresas y proveedores de servicios presentarse ante los consumidores como empresas conscientes con el medio ambiente. En tal sentido, ha surgido toda una industria alrededor de la “huella de carbono”, concepto que buscar reflejar el volumen de gases efecto invernadero (GEI) que se han emitido con ocasión de la producción, transporte, comercialización y venta final de un producto y/o servicio. En Chile ya existen empresas que están implementando políticas para calcular y reducir su huella de carbono, y cada día existen más consumidores que prefieren aquellos productos y servicios que aseguran haber reducido dicha huella. Consecuencia de lo anterior es que ya ha comenzado a germinar un nicho de consumidores conscientes, capaces de crear tendencias y constituirse en mayoría a lo largo de esta década.
Precisamente, por el potencial que tiene el consumo responsable para avanzar hacia un desarrollo sustentable y, considerando el incipiente estado de desarrollo del mercado, en cuanto a “huella de carbono” se refiere, es que resulta necesario disminuir las fuertes asimetrías de información que existen respecto a esta materia en el país.
En primer lugar, la determinación de la huella de carbono de una empresa, servicio o actividad requiere una metodología de cálculo, la cual debiese ser ejecutada por un tercero independiente en base a un estándar predefinido. Luego, una vez determinada ésta, aquel agente que busque reducir o neutralizar su huella de carbono tendrá dos opciones: a) podrá ejecutar por sí esfuerzos de reducción o mitigación, los cuáles deberían ser medidos y certificados por un tercero independiente, en base a una metodología predefinida; o b) podrá acudir al mercado de bonos de carbono y comprar tantos bonos como emisiones desee reducir o neutralizar. En este último caso, resultará de la máxima importancia definir qué bonos está comprando, y de qué proyectos de mitigación éstos provienen. Esto, pues el mercado ofrece una amplia variedad de bonos de carbono, cuyo valor económico dependerá de la seriedad del proceso de verificación y certificación que lo respalda, y del tipo de proyectos en que éstos fueron generados (bajo un criterio de sustentabilidad, no es lo mismo una tonelada de GEI abatida por la instalación de filtros en chimeneas, a una tonelada de GEI abatida en un proyecto de tratamiento de aguas servidas).
En atención a lo expuesto, no basta con que una empresa diga que ha medido y/o reducido su huella de carbono. Los consumidores debiésemos saber quién midió dicha huella y bajo qué estándares se realizó dicha medición. Asimismo, cuando una empresa dice al mercado que “ha reducido su huella de carbono”, ésta debiese explicitar qué esfuerzos de mitigación ha realizado (y, nuevamente, quién ha acreditado dicha reducción) o bien, en el caso que ésta haya adquirido bonos de carbono, debiese señalar explícitamente qué tipos de bonos adquirió y/o el origen de dichos bonos. En tal sentido, a nivel internacional, existe una certificación denominada Gold Standard que certifica aquellos bonos de carbono emitidos en proyectos con un fuerte impacto en sustentabilidad. Y, lo que resulta más relevante, es que existe un mercado de consumidores que exigen y que están dispuestos a pagar más por bonos generados en proyectos altamente sustentables, calificados como tales por el citado estándar de certificación.
Una mayor transparencia en los estándares utilizados en la medición y neutralización de la huella de carbono permitirá a los consumidores, en primer lugar, adquirir un conocimiento sobre cómo funciona el mercado y, en segundo lugar, permitirá que éstos puedan premiar (con su fidelidad y consumo) a aquellas empresas que hagan un mayor esfuerzo en materia de sustentabilidad. Siguiendo la máxima de Santo Tomás “ver para creer”, parece razonable que los consumidores prefieran aquellos productos o servicios que generan beneficios ambientales tangibles o – al menos – ubicados dentro de su ciudad o país.
El incipiente estado de desarrollo de este mercado hace que pueda resultar apresurado instar a la adopción de leyes (u otra clase de regulación normativa) sobre el tipo de información que los agentes deben proporcionar respecto a la medición y reducción de su huella de carbono.
Sin embargo, el Estado o las asociaciones gremiales podrían comenzar a adoptar medidas tendientes a transparentar la información proporcionada al público, en atención a premiar a aquellas empresas que sí están haciendo esfuerzos serios en mitigación de su huella; a dejar en evidencia a aquellas empresas que hacen un mal uso de este concepto y, en definitiva, a promover los cambios que los chilenos, actuando en su faceta de consumidores, pueden generar para avanzar hacia un desarrollo más sustentable.
(*) Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile.
