Las Minorías en la Nación

Javier Wilenmann von Bernath (*)

El conflicto entre agricultores y comunidades mapuches en la zona centro-sur de Chile admite ser leído, ante todo, como un típico conflicto de tierras. En los conflictos de tierras, típicamente los grandes poseedores de éstas son agredidos por sujetos cuya identidad política se define precisamente por la no posesión “justa” de tierras. Típicamente, el poseedor (aquí: el agricultor) tiene al derecho abstracto de su lado: él es propietario. Toda reivindicación de tierras es un llamado a negar su derecho y, por ello, el derecho. Todo acto físico que se lleve a cabo en sus tierras puede ser, de esta forma, presentado como agresión. La atribución de roles “agredido” y “agresor” descansa en esta asignación de posiciones jurídico-formales.

Al mismo tiempo, el agresor tiende a entenderse (en muchos casos: correctamente) como una víctima del derecho formal. El derecho formal no sólo lo perjudica actualmente, negándole cualquier pretensión sobre la tierra que reclama, con independencia de que la parte de la tierra reclamada sea mucho más importante para él que para el poseedor – eso es, después de todo, el derecho: una abstracción de consideraciones reales de intereses en la determinación de lo que le corresponde a cada uno –, sino que típicamente el derecho lo perjudicó formalmente al asignarle la tierra al poseedor: ésta tiende a venir de privilegios heredados, los que a su vez tienden a provenir de actos formalmente válidos, pero materialmente abusivos. Quienes reivindican tierras tienden a aparecer o presentarse, por ello, como “víctimas del derecho”.

La extensión de la tierra y la generación de representaciones de violencia justa en ambos lados, tienden a hacer, a su vez, que los conflictos de tierra se transformen en conflictos de violencia privada. La policía (urbana) apenas puede intervenir en conflictos de esta clase y el Estado no tiene otros mecanismos de prevención ordinarios que no sean aquellos provistos por la policía. Parte del peligro de los conflictos de tierra proviene de esta consideración material de su identidad.

El así llamado conflicto mapuche tiene, sin embargo, una segunda forma de ser leído. Frente a la lectura material como conflicto de tierras, el conflicto mapuche tiende a ser leído como conflicto simbólico (de reconocimiento). La “causa mapuche” descansa en esta tensión: por una parte, se plantea como un llamado al Estado a satisfacer pretensiones distributivas-materiales (tierra, trabajo, educación, recursos). Por otra parte, se plantea como expresión de diferencia frente al Estado-nación chileno (“el Estado chileno ha oprimido históricamente al pueblo mapuche”, manifestando de esta forma una relación de no inclusión entre los conceptos de “Estado chileno” y “pueblo mapuche”). Una parte de las razones que sostienen la pretensión distributiva se asientan, paradojalmente, en la negación del sujeto al que se hace el llamado a la satisfacción de la pretensión distributiva: tierras y recursos deben ser entregados, porque no somos chilenos y el Estado chileno nos quitó injustamente lo nuestro. La existencia de esta contradicción aparente no debiera sorprender. Después de todo, la pretensión material de la causa mapuche descansa precisamente en la posibilidad de romper el derecho formal. Pero la dimensión simbólica del conflicto puede hacer aparecer atractiva la posibilidad de centrarse en ella y utilizarla como vía de solución del mucho más difícil problema de las tierras. El conflicto mapuche no requeriría, así, más que de la entrega de reconocimiento formal (disposiciones constitucionales) y algunas formas de incentivo de la cultura minoritaria. Por lo que se ha escuchado en los últimos días en la prensa, el Gobierno y la derecha parecen haber internalizado esta forma de comprensión del conflicto – típicamente radicada en la izquierda –. Creer que ello permite solucionar por sí sólo un conflicto de tierras, no es, sin embargo, sólo ingenuo, sino que en sus propios términos errado. Quien procede de esta forma divide artificialmente dos cuestiones que no deben ser divididas.

El planteamiento de diferencia de identidad que subyace a parte de la causa mapuche, se entiende sólo por oposición frente a la idea de configuración del Estado alrededor de la cultura nacional. El Estado es la comunidad y la comunidad sólo puede ser conformada por algo que reconozca identidad colectiva. Existen básicamente dos formas en que esta idea puede ser entendida: como llamado de conformación de comunidad política o como llamado a la conformación de una comunidad cultural, con todas las configuraciones intermedias que sean pensables. Las revoluciones burguesas (efectuadas “desde abajo”) del siglo XVIII descansan esencialmente en una representación tendiente a la idea política. Este es, ante todo, el origen de la identidad nacional francesa producto de la Revolución. Los movimientos nacionalistas del siglo XIX y las “revoluciones” surgidas de ellos (efectuadas “desde arriba”) descansaban, en cambio, en una representación esencialmente culturalista. Por supuesto, en ninguno de los dos casos, el curso de la configuración del Estado-nación fue marcado de forma puramente voluntarista como imposición de representaciones ideales. La generación política de la nación republicana francesa se vio, en parte, aliviada por la posibilidad de acoplarse a un territorio estatal que, en lo general, ya se encontraba sometido a un gobierno común, mientras que la generación de una idea de nación alemana sólo podía, por ello, tener como rasgo de identificación la cultura (“allí donde la lengua alemana suene”). En ambos casos, política y cultura podían presentarse como razones de una identificación común que no sólo pudiera ser percibida, sino querida. La pertenencia a la gran tradición republicana francesa o la pertenencia al mundo conformado por el gran espacio de comunicación alemana, sólo podían servir a la generación de un Estado-nación de lograr ser percibidos como algo no sólo existente, sino querido y que, por ello, requería de reconocimiento formal (y no sólo de existencia material). Ese reconocimiento formal (“ustedes son parte de nuestra comunidad”) sólo puede ser verdaderamente reconocimiento, y no simplemente imposición, si es querido por todos los partícipes de la relación.

Qué forma haya adoptado el (extraño) Estado nacional chileno en el contexto de la (aún más extraña) diversidad de Estados naciones en Latinoamérica, así como las razones de su conformación, es irrelevante aquí. Sea o no razonable, la historia formó una comunidad (formal) nacional llamada Chile, la que ha sido denunciada como “ajena” por la causa mapuche. La expresión de ajenidad de comunidades respecto de la Nación no es (sólo) una expresión descriptiva, sino al mismo tiempo una declaración volitiva. Una comunidad que declara no pertenecer al Estado en el que se encuentra, no manifiesta con ello algo que pueda ser percibido, sino más bien no encontrar razones para formar parte de la Nación. Esas razones pueden, por cierto, ser culturales o históricas. En los conflictos nacionalistas europeos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX (así como en los conflictos que subsisten, por ejemplo, en España), esas razones eran dominantes. En el caso del conflicto mapuche, la asignación de relevancia a esta dimensión parece ir creciendo. A esta comprensión del conflicto la aqueja, sin embargo, cierta falta de verosimilitud: las comunidades mapuches tienden a hablar español chileno (como lengua materna o, al menos, como segunda lengua completamente fluida) y la mayor parte de la población mapuche tiende a participar completamente de nuestra forma de comunicación. Aún más: la identidad "chilena" no sólo manifiesta una relación cultural con la identidad mapuche, sino que tiende a intentar identificarse con ella y (de forma completamente inverosímil, pero muy expresiva) a acoplar su historia a la historia del pueblo mapuche y los otros pueblos originarios del territorio de Chile. La designación de los españoles como “conquistadores” y la identificación nacional con el lado indígena durante la conquista – típica en la enseñanza escolar de historia en Chile – (ustedes nos conquistaron y exterminaron!), es una representación tan extendida como incorrecta en la cultura latinoamericana (a diferencia completa de la cultura norteamericana). Por cierto, el fenómeno del mestizaje hace que la identificación étnica no sea completamente errada (y, en eso, la identidad latinoamericana se deja distinguir correctamente de la identidad norteamericana), pero esconde el hecho que la cultura latinoamericana es la continuación de la cultura de la conquista y no de los conquistados.

Todas esas formas de acoplamiento cultural muestran, de lado y lado, como la expresión de ajenidad de ciertas comunidades mapuches, no pueden ser correctamente entendidas simplemente como expresión de diferencia cultural. Antes, su planteamiento precisamente en relación con un conflicto no simbólico (el conflicto material por tierras), muestra que se trata de una declaración global de imposibilidad de reconocer razones para participar de la comunidad. Quien cree haber sido desprovisto de sus tierras, ser discriminado y que parte de su cultura no es reconocida por la comunidad, puede creer al mismo tiempo que no tiene razones para participar de esa comunidad (que lo ha desprovisto de tierras, lo ha discriminado y no ha reconocido parte de su identidad), esto es, no sólo ve buenas razones para no representarse como comunidad de historia, sino también para entender que la conformación de una comunidad de destino con la Nación que reclama su pertenencia, sólo lo perjudica. Por eso, la idea de que el conflicto se puede dejar resolver simplemente declarando a las comunidades mapuches como parte de la Nación en la Constitución y algunos otros reconocimientos simbólicos, es ingenua (y puede ser, al mismo tiempo, mezquina, astuta). Mientras no puedan reconocer razones para integrar la comunidad, esas expresiones admiten ser leídas como imposiciones desde afuera, esto es, como expresiones de una integración no solicitada y, por ello, inexistente. Al entregar reconocimiento nacional, no puede tratarse sólo de mostrar simbólicamente que creemos que las comunidades mapuches participan de la conformación de nuestra identidad (esto es, de nuestra comunidad de historia) – la historia mapuche puede ser siempre presentada como definida por oposición a “nuestra historia” chilena –, sino de que existen buenas razones para que la comunidad mapuche misma participe de la comunidad en vista de su destino. En otras palabras: el tratamiento  simbólico del conflicto encierra el peligro de ser "puramente" simbólico y, por lo mismo, vacío. Tienen razón quienes creen que detrás del conflicto mapuche existe una pretensión de reconocimiento, pero es errado creer que su satisfacción es exclusivamente comunicativa.

(*) Abogado, Universidad de Chile. Profesor Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez.

Rompiendo el ciclo: legitimidad en el sistema político chileno

Rodrigo Galleguillos M. (*)

En una entrevista radial emitida semanas atrás, el ex Ministro Francisco Javier Cuadra se refirió a las movilizaciones sociales y a la crisis que enfrentaría el sistema político, señalando la probabilidad que en el futuro cercano nos enfrentemos al rebrote de un fenómeno que constituiría el verdadero ADN de Chile:  un continuo ciclo de “largos períodos democráticos de deterioro, de 40 años” que dan paso a fenómenos autoritarios cortos, muy reformistas, que “resetean, por así decir, el país” y que permiten el retorno de un sistema democrático, con partidos políticos que manejan “irresponsablemente” el país y que dan paso – nuevamente – a los citados períodos de autoritarismo.

Independientemente de la opinión que se tenga sobre los dichos del señor Cuadra, éste acierta en un punto: efectivamente, el país ha vivido continuas crisis en su sistema político, episodios tras los cuales ha venido un período autoritario donde se establece el marco normativo o las “reglas del juego”, las que posteriormente son implementadas por la clase política, hasta que ésta vuelve a caer en crisis.

Lo que no señaló el señor Cuadra son las causas de este fenómeno, cuestión que pretendemos abordar en esta ocasión. El desconocimiento de dichas causas nos condenaría persecula seculorum a repetir los ciclos del pasado, lo que es particularmente preocupante en el contexto actual: no han faltado las voces que al ver a 100.000 personas en las calles protestando por la educación, la nacionalización de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, han comparado lo sucedido con episodios previos al golpe de estado de 1973… con las consecuencias por todos conocidas.

Según Gabriel Salazar y Julio Pinto, en su “Historia Contemporánea de Chile, Tomo I”[1], el fenómeno antes descrito se da por la imposición forzada de un sistema político y económico por parte de un grupo o sector de la sociedad a otro(s), con absoluta prescindencia de un proceso de diálogo en que todos los sectores de la sociedad chilena legitimen las reglas del juego que nos rigen. Profundizando lo anterior, Salazar y Pinto señalan que en nuestra historia las reglas del juego que han tenido mayor perdurabilidad han sido impuestas por la fuerza (“Clase Política Militar”), quedando luego éstas administradas por una elite política funcional (“Clase Política Civil”) y que se beneficia de las normas establecidas. De más está decir que opiniones o propuestas discordantes son neutralizadas por la fuerza, luego omitidas en la definición del sistema político y en tercer lugar, cuando ya existe un período (aparentemente) democrático, son catalogadas como subversivas o contrarias al “orden social”, siendo nuevamente reprimidas por la policía o fuerzas armadas. Por supuesto, aquellos ciudadanos y sectores excluidos se sienten perjudicados y expresan su malestar a través de diversas vías, tales como peticiones a la autoridad, manifestaciones en las calles o derechamente por una vía violenta.

En tal sentido, la razón tras los continuos ciclos de democracia/autoritarismo estaría dada por la ausencia de legitimidad en nuestro sistema político, expresada en la ausencia de real participación de la sociedad en la definición de las reglas del juego que la rigen: jamás en Chile ha existido una Asamblea Constituyente, quedando la redacción de nuestras constituciones a cargo de comisiones funcionales al poder autoritario vigente y, aun cuando ha existido un parlamento, éste se encuentra fuertemente circunscrito a las ataduras impuestas por las normas del juego pre establecidas en episodios históricos autoritarios.

La ausencia de legitimidad de nuestro sistema político explicaría las movilizaciones sociales  que cada cierta cantidad de años se dan en nuestro país. Éstas pueden representar expresiones de soberanía popular que no han sido debidamente atendidas por nuestro ordenamiento jurídico y que emergen y piden – justificadamente - ser legitimadas dentro del sistema político-normativo.

Entender de esta manera nuestra historia nos permite, en primer lugar, comprender las razones tras el “ADN de Chile” descrito por el señor Cuadra y, en segundo lugar, adoptar las medidas como sociedad para romper el ciclo que cada cierta cantidad de años nos ha llevado a regímenes autoritarios. El sistema político actual debe ser capaz de escuchar y recoger los requerimientos que hoy realizan los ciudadanos, por cuanto dicha inclusión inyecta legitimidad al sistema político chileno.

Las conversaciones que han sostenido la mayoría de los partidos políticos en orden a modificar el sistema binominal son una buena señal respecto a que los políticos chilenos parecen estar comenzando a escuchar al sentir ciudadano. Nuestros políticos y nuestro sistema normativo no pueden seguir dando la espalda a los requerimientos que realizan los chilenos, pues dicha actitud representa, precisamente, la actitud que nos ha llevado históricamente a los ciclos descritos por el señor Cuadra. El desarrollo de nuestro país depende, en consecuencia, del grado de madurez que alcance nuestra clase política, presente y futura, para abordar las expresiones de los distintos sectores de la sociedad y así  legitimar el régimen político - normativo que nos rige.

(*) Abogado, U. de Chile.

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[1] Pinto, Julio y Salazar, Gabriel. Historia Contemporánea de Chile I: Estado, legitimidad, ciudadanía. LOM Ediciones. Santiago, Chile. 1999.

Fútbol y tecnología en la determinación del gol

Pablo Romero Munizaga (*)

En la jornada de este martes 19 de junio, en el estadio Donbass Arena de la ciudad de Donetsk, se enfrentaron las selecciones de Ucrania e Inglaterra con el objetivo de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Eurocopa 2012, que se disputa en Ucrania y Polonia.

Después del gol de Wayne Rooney, que adelantaba a los ingleses en el marcador y dejaba a los ucranianos eliminados del certamen del que son coanfitriones, John Terry —central británico— sacó desde la línea de su arco un remate de Marko Dević —delantero de la selección local—. La repetición de la jugada demostró que la pelota alcanzó a cruzar completamente la línea de gol. Ni el árbitro principal, ni su asistente en la mitad de la cancha donde sucedió el hecho, ni —peor aún— el árbitro que se encontraba detrás del arco a efectos de evitar este tipo de situaciones, cobraron el gol que abría significado el empate transitorio.

Este ha sido el más reciente caso de los que popularmente se denominan “goles fantasmas”. Y no se trata de una realidad reciente, basta remontarse varios años atrás hasta el Mundial de Inglaterra en 1966, cuando nunca se pudo determinar si el remate de Geoffrey Hurst fue o no gol en la final de dicho campeonato —en este caso, la salvedad viene dada en que el árbitro de ese encuentro, Gottfried Dienst, resolvió convalidando la anotación—. Otro caso también se presentó entre las mismas selecciones en el último Campeonato Mundial disputado en Sudáfrica, en el año 2010. En esa ocasión, el mediocampista inglés Frank Lampard remató de media distancia, la pelota golpeó en el travesaño, rebotó un par de centímetros dentro del arco y salió fuera de éste. Gol. Ni el árbitro principal ni su asistente se percataron de ello.

Hace un par de años empezó la discusión en orden a dilucidar la procedencia de la utilización de medios tecnológicos con la finalidad de determinar si una pelota cruzó o no la línea de gol. Al respecto, la International Football Association Board (“IFAB”), se ha negado constantemente invocando una serie de razones tales como la universalidad del juego —el fútbol debe disputarse de la misma manera tanto en un encuentro de barrio como en una competición profesional—, el factor económico de la tecnología —la implementación de los recursos necesarios puede ser muy costosa y fuera del alcance de la gran mayoría que practica este deporte— y el dinamismo del juego —el partido no puede ser detenido a efectos de analizar si un balón entró o no—, entre otros argumentos.

Las razones son fácilmente debatibles, desde la imposibilidad absoluta se pretender asimilar el fútbol de barrio con el ultra competitivo —el primero carece de jueces de línea, banderines en las esquinas de la cancha, etc.— hasta los intereses involucrados en uno y otro encuentro —aspectos profesionales y expectativas a nivel nacional, entre otros—. Incluso, el actual Presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (“FIFA”) —Joseph Blatter— se ha expresado abiertamente respecto a la necesidad de incorporar la tecnología en el Fútbol.

¿Dónde radica el problema, entonces?, en la IFAB. A diferencia de lo que se cree, no es la FIFA quien decide los cambios que se deben concretar en el reglamento de las reglas del juego. Toda propuesta de modificación debe ser aprobada por la IFAB, la cual se compone por las cuatro asociaciones de Gran Bretaña —Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte— más la FIFA. Cada acuerdo debe contar con el voto conforme de la FIFA más el de dos asociaciones de Gran Bretaña. Luego, por más que Joseph Blatter y todos aquellos que pretenden hacer parte la tecnología en el juego pregonen públicamente sus intenciones, mientras las asociaciones británicas no se convenzan de ello o cambien los Presidentes de ellas, esta necesidad actual seguirá siendo lo que desde hace varios años es: una discusión.

La situación actual, si bien permite un normal desarrollo del juego, afecta parte esencial de este deporte, es decir, otorga incertidumbre respecto a ciertas jugadas que son expresión del objetivo central de la contienda —el gol—. Si existen elementos de dilucidación prácticamente instantáneos y que permiten cambiar incertidumbre por certeza, lo que implica instaurar parámetros de justicia en competiciones profesionales —excluyendo la recreación—, se puede concluir que la implementación de recursos tecnológicos es necesaria y que será cuestión de tiempo su concreción en la práctica, circunstancia que dependerá de nuevos representantes en las asociaciones del Reino Unido, donde 3 de ellas son escasamente profesionales.

(*) Abogado, U. de Chile.