Pobreza y (falta de) educación

Rodrigo Campero Tagle (*)

La última encuesta Casen nos ha traído desagradables sorpresas, verdades incómodas que como sociedad preferiríamos no escuchar. Estas son el aumento del número de personas en situación de pobreza y el aumento de la diferencia de los ingresos entre los sectores más ricos y más pobres de la población. Lo anterior se torna particularmente preocupante, si se considera que los citados indicadores surgen luego de 20 años de aplicación sostenida de políticas sociales, las cuales sin duda han tenido un efecto significativo.

Sin entrar al debate acerca de la correcta focalización del gasto social, cuestión específica y eminentemente técnica, pueden mencionarse en principio 2 causas que, a juicio de este articulista, obstan a la reducción del número de pobres: dificultad o imposibilidad del acceso a redes sociales y la relación entre desempleo y la baja calificación laboral.

Respecto de la carencia de acceso a las redes sociales, esta parece ser uno de los obstáculos más fáciles de superar, producto de la abundante intervención que los asentamientos más pobres, en especial campamentos y micro campamentos, experimentan a diario, principalmente por parte de organizaciones no gubernamentales. Dichas instituciones prestan un servicio de alta utilidad social, generando intervenciones destinadas a generar y potenciar la organización comunitaria, cuestión esencial para dar y fortalecer el empoderamiento de las personas y evitar el paternalismo y la dependencia, que a la larga perpetúan la situación de pobreza y torna ineficiente la acción estatal.

El desempleo, por otra parte, es claramente uno de los factores gravitantes en la mantención de la situación de pobreza. De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta Casen, la tasa de desocupación alcanza solo al 7,9% de la población no pobre, mientras que afecta al 51,0% en la población indigente y a un 31,5% en la población pobre[1]. Como se ve, el hecho que el desempleo, que acarrea la imposibilidad o dificultad de auto generar ingresos, afecte más a los sectores pobres que a los sectores no pobres, no es casualidad, por cuanto a ello subyace la falta de calificación laboral y por lo mismo la inestabilidad del empleo, la informalidad del mismo y la fácil sustituibilidad del trabajador.

Lo anterior lleva a una cuestión sumamente central, es decir la forma como el individuo puede generar una mayor cantidad de recursos por sí mismo, sin la ayuda o dependencia de otros (es decir, del Estado y sus subsidios). Es ahí donde la educación cumple un rol fundamental, proveyendo a las personas de las habilidades y conocimientos necesarios para aumentar su productividad, entendida como la capacidad de generar mayores ingresos en atención al valor o especialidad que se le agrega a su trabajo. De lo contrario, por mayores que sean los gastos en materia social, nunca podrá liberarse de la pobreza a las personas que la sufren, si éstas desarrollan trabajos no cualificados, no porque quieran, sino que por no saber hacer otra cosa.

Como se ve, la solución al problema no se basa en un mero voluntarismo, sino que muy por el contrario, requiere de un esfuerzo consciente consistente en la generación de condiciones estructurales que le permita a los más desposeídos a aumentar el valor de su trabajo, permitiéndoles salir de su situación de carencia aumentando su capacidad de generar riqueza. Lo anterior no puede sino ser logrado mediante la prestación de un sistema de educación de calidad, desafío que debiese prevalecer sobre todo otro objetivo de política pública, en atención a la gran cantidad de males sociales que se lograrán remediar.

(*) Abogado, Universidad de Chile.

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[1] http://www.mideplan.cl/casen2009/pobreza.php

Matrimonio y su Necesaria Extensión a las Relaciones Homoafectivas

Pablo Cornejo Aguilera (*)

Recientemente, se ha aprobado en Argentina una modificación a las reglas del matrimonio, destinada a abrir los beneficios de esta institución a las personas de orientación homosexual. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en nuestro país, el tema de debate en Argentina no se ha refirido a la conveniencia o no de dotar de un estatuto a las uniones homoafectivas, sino especificamente a la forma que ese estatuto debía tomar: en particular, si debía crearse un nuevo estatuto, a la manera de los PACS reconocidos en la legislación francesa, o si derechamente debía extenderse el matrimonio.

En Chile nos encontramos lejos de ese estadio de discusión. En nuestro país el tema sigue planteándose como una discusión de futuro, no urgente, por nuestra clase política, y los grupos que favorecen la regulación de estas uniones no han contado con el apoyo de la magistratura. De esta forma, pese a que en Chile durante la última campaña presidencial se ha cumplido con el primer paso, cual es el posicionamiento del tema en el debate público, los últimos sucesos ocurridos en el país han alterado el orden de las prioridades (si asumimos de buena fe que realmente existío en su momento una real intención de sacar adelante algún proyecto de ley referido a la materia).

Ahora bien, aun si nos quedamos con las promesas de campaña, nos encontramos con que en éstas es el tema era abordado con recelo. En efecto, las propuestas de los principales candidatos se limitaba a la regulación de los aspectos patrimoniales, de las uniones homoafectivas, rechazando tanto el Senador Frei como el Presidente Piñera la posibilidad de extender el matrimonio a las parejas homosexuales.

Esta posición nos parece reprobable, por las razones que expondremos.

Las personas de orientación homosexual han sido continuamente discriminados en nuestro país, incluso frente al Estado. Es expresivo de este hecho en nuestra legislación la tardía derogación de la disposición contenida en el Código Penal que tipificaba la sodomía (hecho que recién se produjo a principios de la década de los 90) y el hecho que aún el Código Penal establezca una asimétrica regulación en lo que se refiere a la actividad sexual de los adolescentes (mientras las relaciones heterosexuales quedan comprendidos en el tipo de estupro, sancionándose si y sólo si concurre algunas de las circunstancias del artículo 363, las relaciones homosexuales masculinas son siempre sancionadas). Incluso en la actualidad sectores de la doctrina nacional han argumentado sobre lo innecesario de la regulación de las relaciones homoafectivas, señalando que estas personas pueden alcanzar similares efectos por medio de mecanismos contractuales o societarios actualmente previstos en nuestra legislación, o más grave aún, hay quienes desechan la opción simplemente diciendo "y que es lo que sigue, matrimonio con animales" en lo que constituye una abierta desacrediatación de los homosexuales como personas. Como puede apreciarse de lo expuesto, aún la sociedad y la legislación chilena consideran el homosexualismo como una orientación reprobable, que debe ser tolerada, pero que en caso alguno merece el mismo tratamiento o la misma protección que las relaciones heterosexuales.

Contrariamente, creemos que las personas de orientación homosexual merecen exactamente el mismo respeto que cualquier otra persona, y que negarles la posibilidad de contraer matrimonio constituye una afectación a su autonomía y una discriminación injustificada frente a las instituciones sociales.

En primer término, el negarles el acceso a una institución como el matrimonio afecta su autonomía desde una doble perspectiva. En la primera, centrada en el aspecto "personal" de a quien se niega el derecho a contraer matrimonio, nos encontramos con que la legislación establece una prohibición de acceso a una institución considerada beneficiosa, necesaria para el pleno desarrollo de sus planes de vida, y cuyo libre acceso ha incluso sido reconocido en Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En otras palabras, la sociedad le impide acceder a una institución beneficiosa para su desarrollo personal. Sin embargo, aún más grave resulta el hecho que esta prohibición también genere afectaciones a la autonomía desde una perspectiva social, desde el momento que privar el acceso a esta institución socialmente relevante implica un desconocimiento de la validez de la opción de vida que estas personas han tomado. ¡Tal es la importancia simbólica del matrimonio en nuestras sociedades que incluso quienes lo contraen cambian su posición en la sociedad, cambian su "estado civil"!. De esta forma, el no reconocimiento en sí de la posibilidad de contraer matrimonio implica que la sociedad considera la opción de vida adoptada por estas personas como merecedora de una menor protección frente a al resto de la sociedad, pudiendo el razonamiento subyacente expresarse como un "los toleramos, dejamos que vivan en parejas, pero no nos pidan un reconocimiento social mayor."

Precisamente, este es el razonamiento que subyace a quienes postulan la posibilidad de regular las consecuencias patrimoniales de la convivencia mediante instrumentos propios del Derecho de los Contratos o del Derecho Societario, opción que viene a deslegitimar absolutamente la unión homoafectiva en cuanto forma de desarrollar plenamente la personalidad desde el momento que socialmente los pone en el mismo plano que la iniciación de un negocio.

Sin embargo, lo que nos parece más grave, es que estas misma críticas pueden realizarse también a las propuestas legislativas en orden a la introducción de Pactos de Unión Civil en nuestra legislación. Si anteponemos una argumentación de principios frente a los cálculos políticos, necesariamente debemos preguntarnos ¿Porque es necesario introducir una institución sui generis para dotar de una estructura a las relaciones afectivas, si en nuestra sociedad siempre ha existido otra que cumple cabalmente esos fines? ¿No sería lo correcto simplemente ampliar la institución del matrimonio, que tantos beneficios sociales tiene?

En este punto aparece el segundo argumento, la injustificada discriminación que supone frente a la cobertura de las instituciones sociales. Negar el acceso al matrimonio, institución civil, basado simplemente en la orientación sexual de las personas, implica anteponer determinadas valoraciones sociales en perjuicio de opciones adoptadas autonomamente, vulnerando la posición de neutralidad que debe mantener el Estado.

Frente a esta argumentación tradicionalmente se ha expuesto que el matrimonio es una institución básica en la sociedad, destinada a preservar la propia especie humana. Sin embargo ¿Realmente nos tomamos este argumento en serio? ¿Privamos de matrimonio a quienes son infértiles? ¿Exigimos la realización de pruebas genéticas a quienes lo contraeran a fin de determinar la compatibilidad? Claro, puede argumentarse que en estos casos todavía existe una relación que naturalmente puede llevar a la procreación. Pero en ese caso la fundamentación del argumento ya no es el mismo: lo relevante pasa de la supervivencia de la especie a la moralidad de la relación vista desde una perspectiva natural. Y frente a esto sabemos que la justicia o injusticia de las instituciones sociales no se encuentra condicionada por la naturaleza, siendo una problemática que debemos afrontar seriamente, preguntándonos por el cual es el nivel de respeto que esperamos recibir y conceder a nuestros iguales.

(*) Egresado de Derecho, Universidad de Chile. Ayudante del Departamento de Derecho Privado, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Sobre el Diario La Nación

Rodrigo Campero Tagle(*)

En general, los medios de comunicación ligados al Estado siempre han sido objeto de polémicas, y en el caso del periódico “La Nación”, dicha premisa se cumple al pie de la letra. Catalogado como la voz del oficialismo por algunos, como órgano de propaganda por otros y como alternativa a los medios tradicionales por otros cuantos, dicho periódico se ha caracterizado por adoptar una línea ciento por ciento afín al gobierno de turno, sacrificando calidad – afirmación siempre discutible por cierto - en aras de la comunicación de los objetivos y programas de los inquilinos de La Moneda que correspondan.

Ahora bien, la imparcialidad es una idea que no necesariamente debe presidir los esfuerzos llevados a cabo por un medio de comunicación. Probablemente las nociones de imparcialidad, objetividad e independencia son atributos deseables con el objeto de lograr credibilidad frente a los lectores y al público en general, lo cual no implica que un medio de comunicación deba ser siempre imparcial. Cada dueño de medio de comunicación es libre de adoptar el enfoque y línea editorial que estime más funcional a sus propios intereses y objetivos, asumiendo como riesgo propio la imparcialidad o la falta de ella.

Sin embargo, el asunto no es tan claro cuando la propiedad – o el capital – de determinado negocio no pertenece a un particular, sino que se encuentra en manos del Estado, como ocurre en el caso de “La Nación”. Es decir, cuando el riesgo no lo corre un individuo o conjunto de individuos particulares, sino que recae en aquella difusa comunidad conocida como “los contribuyentes”: el riesgo de todos es el riesgo de nadie. En dicho caso no parece tan trivial sacrificar calidad (o ingresos), en pos del voluntarismo del propietario. Por esto, surge la inquietud acerca de si la extensión del derecho del gobierno de fijar una línea editorial de un medio de comunicación de propiedad pública es tan amplia como la libertad de un propietario de un medio de comunicación privado.

En razón de la inquietud expuesta, pueden formularse al menos las siguientes interrogantes: (i) ¿Se justifica que un gobierno democrático controle un medio de comunicación escrito? y (ii) ¿Puede la línea editorial de un medio de comunicación público ser fijada en forma discrecional?

En primer lugar, para encontrar una justificación al control de La Nación por parte del gobierno, debe atenderse a la utilidad o beneficio que con ello se busca, sea económico o de otra naturaleza. Desde el punto de vista económico la utilidad es dudosa, por cuanto se sabe que “La Nación”, como empresa, es deficitaria, sosteniéndose con los ingresos generados por el Diario Oficial. Ahora bien, desde el punto de vista comunicacional o estratégico, el beneficio para el gobierno es mayor, atendido el uso propagandístico que este hace del medio en comento, ensalzando las obras propias y denostando las ajenas, muchas veces en forma absolutamente discrecional e injustificada. Sólo desde esta última perspectiva puede decirse que “La Nación” es una empresa rentable. Sin embargo, dicha rentabilidad resulta ser espuria, por cuanto el uso que el gobierno hace del diario constituye una verdadera competencia desleal contra los demás grupos políticos que no cuentan, al menos explícitamente, con los recursos económicos y personales para hacer frente a la avalancha comunicacional proveniente de Palacio.

En segundo lugar, atendida la propiedad pública del medio de comunicación en comento, parece completamente arbitrario que las noticias a cubrir, la oportunidad de su publicación o presentación al público y la profundidad de su cobertura (en síntesis, la línea editorial del diario), sean definidos por un directorio designado en forma unilateral e inconsulta por el gobierno central. En atención a su carácter –y financiamiento- público, lo razonable sería que la composición del directorio quedara entregada a criterios que garantizaran pluralismo y autonomía, cuestión que claramente no ocurre en la especie.

Así las cosas, no parece justificado que el Fisco continúe siendo accionista mayoritario de la empresa “La Nación S.A.”, al menos en las condiciones actuales, donde estando involucrados recursos públicos, no se respetan principios mínimos de eficiencia, autonomía y pluralismo. Por dicha razón, pareciera ser aconsejable que el Estado se desprendiera de su participación en dicha empresa, empleando los recursos antes utilizados en el periódico en satisfacer otras necesidades más urgentes y que arrojen mayor rentabilidad, al menos en términos sociales.

(*) Abogado. Universidad de Chile.