¿NOS VEMOS EL 2018?

Pablo Romero Munizaga (*)

El día 13 de octubre de este año, al concluirse el último rescate de los 33 mineros, un empleado público de la República dijo “las cosas las hemos hecho a la chilena, es decir, las hemos hecho bien”. Dicha declaración me asombró, pues con anterioridad he escuchado, en no pocas ocasiones, otra acepción que se encuentra más arraigada a la mentalidad popular, esto es, que hacer las cosas a la chilena implica el siguiente razonamiento: “¿para qué hacer las cosas bien, si las podemos hacer mal?”.

Es cierto que la elección de la directiva de la ANFP está establecida en su propia normativa, aprobada y aceptada por todos sus miembros desde que éstos se incorporan a tal institución. Resulta innegable que el resultado de los comicios dio objetivamente el triunfo al señor Segovia. Asimismo, existen todos los antecedentes como para calificar –sólo formalmente y en ningún caso de fondo– legítimo el triunfo del sujeto en cuestión.

Sin embargo, tiene algo de excesivo que uno de sus adherentes, señor Federico Valdés, califique como “una elección limpia” el triunfo del nuevo Directorio en circunstancias que, aparentemente, se encontraba en conocimiento de que su candidato presentaba una manifiesta incompatibilidad para ser calificado como dirigente de la ANFP, tal cual lo expresa el artículo 164 de los estatutos de dicha institución.

Pero si, como se ha dicho, tiene algo de excesivo ignorar y vulnerar conscientemente la propia reglamentación de la institución que el propio infractor va a encabezar, el asunto es aún peor cuando intenta desligarse de responsabilidad frente a la salida de un profesional al que la FIFA ha catalogado como uno de los mejores 5 directores técnicos del mundo, alegando que “yo no eché a Marcelo Bielsa, él se fue solo”, toda vez que las declaraciones de don Marcelo en orden a sostener que “no puede trabajar en común con el señor Segovia”, son del todo legítimas y fundadas. El nuevo presidente de la máxima entidad futbolística nacional representa a los segmentos que se oponen terminantemente a facilitar jugadores al combinado chileno –su propia selección– y, además, descarta en términos absolutos la creación del nuevo complejo deportivo que Bielsa había solicitado desde hace años. Vale recordar que el compromiso de don Harold Mayne-Nicholls a este respecto constituyó uno de los antecedentes relevantes para que el rosarino renovara en su cargo.

Ahora, si el señor Segovia, siendo propietario del club Unión Española y simultáneamente presidente de la ANFP, con la consiguiente eventual falta de transparencia y generación permanente de potenciales conflictos de intereses mantenga ambos cargos a la vez, la situación es aún peor. Porque en este caso debemos entender tales conflictos de intereses, en términos abstractos, como la contraposición existente entre los intereses propios y los de la institución en la cual ejerce funciones y, en particular, comprendemos que las vinculaciones que pueden surgir entre la Unión Española y la sede de Quilín son manifiestamente múltiples y de variada índole.

Y si, para mal de males, el señor Segovia presenta antecedentes polémicos como en el caso “Pipa” Estévez, pasando por encima de la autoridad competente y dejando mal parado al técnico del plantel frente a sus propios jugadores, sin tener la capacidad intelectual necesaria para justificar por qué la declaración de don Marcelo Bielsa al respecto fue un mal ejemplo con asociaciones erradas y completamente desinformadas, entonces el asunto es simplemente intolerable.

Si, en fin, el señor Segovia tiene una idea al respecto de solicitar un préstamo bancario por US$100.000.000 para comprar el 20% del CDF en US$80.000.000 y repartir el saldo restante entre los clubes asociados y sosteniendo, por otro lado, que se descarta la construcción del nuevo complejo deportivo de la selección argumentando que “para la Asociación no es conveniente comprometer recursos en un proyecto de esa envergadura”, el asunto se vuelve ahora casi incomprensible, uno no entiende nada de nada y la cuestión ya da vergüenza ajena, porque ¿de quién esperaría uno mayor coherencia y apego a la institucionalidad de la gente que se llama a sí misma dirigentes?.

Pero no, ahora resulta que basta que alguien disponga de una posición empresarial, haya gestionado sin destacar a un club local, tenga unos contactos de por aquí o de por allá, se haya conseguido el apoyo dudoso de un par de colegas para concluirse como capaz para estar al frente de una Asociación a la que llegó con irregularidades de fondo y como titular de dos o tres condiciones innatas, si es que las tiene.

Y que, para colmo, haga declaraciones desconociendo varios hechos de los expuestos y que se victimice frente a una declaración de principios legítima expuesta por el actual adiestrador del equipo de fútbol nacional.

Ciertamente que es excesivo y, por lo mismo, me remito a la citada frase expuesta anteriormente por el empleado público en cuanto a que las cosas se hicieron a la chilena, pero no en la acepción dada por éste, sino en aquella que está más arraigada a la mentalidad popular.

Si dejamos partir a un dirigente que es funcionario FIFA bien evaluado, tanto a nivel nacional como internacional, y a un director técnico que reubicó a Chile a nivel regional y mundial, siendo este país, quizás, el único en el mundo que tuvo el privilegio de tenerlos simultáneamente, me resulta imposible llegar a otra conclusión.

(*) Abogado, U. de Chile.

Pobreza y (falta de) educación

Rodrigo Campero Tagle (*)

La última encuesta Casen nos ha traído desagradables sorpresas, verdades incómodas que como sociedad preferiríamos no escuchar. Estas son el aumento del número de personas en situación de pobreza y el aumento de la diferencia de los ingresos entre los sectores más ricos y más pobres de la población. Lo anterior se torna particularmente preocupante, si se considera que los citados indicadores surgen luego de 20 años de aplicación sostenida de políticas sociales, las cuales sin duda han tenido un efecto significativo.

Sin entrar al debate acerca de la correcta focalización del gasto social, cuestión específica y eminentemente técnica, pueden mencionarse en principio 2 causas que, a juicio de este articulista, obstan a la reducción del número de pobres: dificultad o imposibilidad del acceso a redes sociales y la relación entre desempleo y la baja calificación laboral.

Respecto de la carencia de acceso a las redes sociales, esta parece ser uno de los obstáculos más fáciles de superar, producto de la abundante intervención que los asentamientos más pobres, en especial campamentos y micro campamentos, experimentan a diario, principalmente por parte de organizaciones no gubernamentales. Dichas instituciones prestan un servicio de alta utilidad social, generando intervenciones destinadas a generar y potenciar la organización comunitaria, cuestión esencial para dar y fortalecer el empoderamiento de las personas y evitar el paternalismo y la dependencia, que a la larga perpetúan la situación de pobreza y torna ineficiente la acción estatal.

El desempleo, por otra parte, es claramente uno de los factores gravitantes en la mantención de la situación de pobreza. De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta Casen, la tasa de desocupación alcanza solo al 7,9% de la población no pobre, mientras que afecta al 51,0% en la población indigente y a un 31,5% en la población pobre[1]. Como se ve, el hecho que el desempleo, que acarrea la imposibilidad o dificultad de auto generar ingresos, afecte más a los sectores pobres que a los sectores no pobres, no es casualidad, por cuanto a ello subyace la falta de calificación laboral y por lo mismo la inestabilidad del empleo, la informalidad del mismo y la fácil sustituibilidad del trabajador.

Lo anterior lleva a una cuestión sumamente central, es decir la forma como el individuo puede generar una mayor cantidad de recursos por sí mismo, sin la ayuda o dependencia de otros (es decir, del Estado y sus subsidios). Es ahí donde la educación cumple un rol fundamental, proveyendo a las personas de las habilidades y conocimientos necesarios para aumentar su productividad, entendida como la capacidad de generar mayores ingresos en atención al valor o especialidad que se le agrega a su trabajo. De lo contrario, por mayores que sean los gastos en materia social, nunca podrá liberarse de la pobreza a las personas que la sufren, si éstas desarrollan trabajos no cualificados, no porque quieran, sino que por no saber hacer otra cosa.

Como se ve, la solución al problema no se basa en un mero voluntarismo, sino que muy por el contrario, requiere de un esfuerzo consciente consistente en la generación de condiciones estructurales que le permita a los más desposeídos a aumentar el valor de su trabajo, permitiéndoles salir de su situación de carencia aumentando su capacidad de generar riqueza. Lo anterior no puede sino ser logrado mediante la prestación de un sistema de educación de calidad, desafío que debiese prevalecer sobre todo otro objetivo de política pública, en atención a la gran cantidad de males sociales que se lograrán remediar.

(*) Abogado, Universidad de Chile.

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[1] http://www.mideplan.cl/casen2009/pobreza.php

Matrimonio y su Necesaria Extensión a las Relaciones Homoafectivas

Pablo Cornejo Aguilera (*)

Recientemente, se ha aprobado en Argentina una modificación a las reglas del matrimonio, destinada a abrir los beneficios de esta institución a las personas de orientación homosexual. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en nuestro país, el tema de debate en Argentina no se ha refirido a la conveniencia o no de dotar de un estatuto a las uniones homoafectivas, sino especificamente a la forma que ese estatuto debía tomar: en particular, si debía crearse un nuevo estatuto, a la manera de los PACS reconocidos en la legislación francesa, o si derechamente debía extenderse el matrimonio.

En Chile nos encontramos lejos de ese estadio de discusión. En nuestro país el tema sigue planteándose como una discusión de futuro, no urgente, por nuestra clase política, y los grupos que favorecen la regulación de estas uniones no han contado con el apoyo de la magistratura. De esta forma, pese a que en Chile durante la última campaña presidencial se ha cumplido con el primer paso, cual es el posicionamiento del tema en el debate público, los últimos sucesos ocurridos en el país han alterado el orden de las prioridades (si asumimos de buena fe que realmente existío en su momento una real intención de sacar adelante algún proyecto de ley referido a la materia).

Ahora bien, aun si nos quedamos con las promesas de campaña, nos encontramos con que en éstas es el tema era abordado con recelo. En efecto, las propuestas de los principales candidatos se limitaba a la regulación de los aspectos patrimoniales, de las uniones homoafectivas, rechazando tanto el Senador Frei como el Presidente Piñera la posibilidad de extender el matrimonio a las parejas homosexuales.

Esta posición nos parece reprobable, por las razones que expondremos.

Las personas de orientación homosexual han sido continuamente discriminados en nuestro país, incluso frente al Estado. Es expresivo de este hecho en nuestra legislación la tardía derogación de la disposición contenida en el Código Penal que tipificaba la sodomía (hecho que recién se produjo a principios de la década de los 90) y el hecho que aún el Código Penal establezca una asimétrica regulación en lo que se refiere a la actividad sexual de los adolescentes (mientras las relaciones heterosexuales quedan comprendidos en el tipo de estupro, sancionándose si y sólo si concurre algunas de las circunstancias del artículo 363, las relaciones homosexuales masculinas son siempre sancionadas). Incluso en la actualidad sectores de la doctrina nacional han argumentado sobre lo innecesario de la regulación de las relaciones homoafectivas, señalando que estas personas pueden alcanzar similares efectos por medio de mecanismos contractuales o societarios actualmente previstos en nuestra legislación, o más grave aún, hay quienes desechan la opción simplemente diciendo "y que es lo que sigue, matrimonio con animales" en lo que constituye una abierta desacrediatación de los homosexuales como personas. Como puede apreciarse de lo expuesto, aún la sociedad y la legislación chilena consideran el homosexualismo como una orientación reprobable, que debe ser tolerada, pero que en caso alguno merece el mismo tratamiento o la misma protección que las relaciones heterosexuales.

Contrariamente, creemos que las personas de orientación homosexual merecen exactamente el mismo respeto que cualquier otra persona, y que negarles la posibilidad de contraer matrimonio constituye una afectación a su autonomía y una discriminación injustificada frente a las instituciones sociales.

En primer término, el negarles el acceso a una institución como el matrimonio afecta su autonomía desde una doble perspectiva. En la primera, centrada en el aspecto "personal" de a quien se niega el derecho a contraer matrimonio, nos encontramos con que la legislación establece una prohibición de acceso a una institución considerada beneficiosa, necesaria para el pleno desarrollo de sus planes de vida, y cuyo libre acceso ha incluso sido reconocido en Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En otras palabras, la sociedad le impide acceder a una institución beneficiosa para su desarrollo personal. Sin embargo, aún más grave resulta el hecho que esta prohibición también genere afectaciones a la autonomía desde una perspectiva social, desde el momento que privar el acceso a esta institución socialmente relevante implica un desconocimiento de la validez de la opción de vida que estas personas han tomado. ¡Tal es la importancia simbólica del matrimonio en nuestras sociedades que incluso quienes lo contraen cambian su posición en la sociedad, cambian su "estado civil"!. De esta forma, el no reconocimiento en sí de la posibilidad de contraer matrimonio implica que la sociedad considera la opción de vida adoptada por estas personas como merecedora de una menor protección frente a al resto de la sociedad, pudiendo el razonamiento subyacente expresarse como un "los toleramos, dejamos que vivan en parejas, pero no nos pidan un reconocimiento social mayor."

Precisamente, este es el razonamiento que subyace a quienes postulan la posibilidad de regular las consecuencias patrimoniales de la convivencia mediante instrumentos propios del Derecho de los Contratos o del Derecho Societario, opción que viene a deslegitimar absolutamente la unión homoafectiva en cuanto forma de desarrollar plenamente la personalidad desde el momento que socialmente los pone en el mismo plano que la iniciación de un negocio.

Sin embargo, lo que nos parece más grave, es que estas misma críticas pueden realizarse también a las propuestas legislativas en orden a la introducción de Pactos de Unión Civil en nuestra legislación. Si anteponemos una argumentación de principios frente a los cálculos políticos, necesariamente debemos preguntarnos ¿Porque es necesario introducir una institución sui generis para dotar de una estructura a las relaciones afectivas, si en nuestra sociedad siempre ha existido otra que cumple cabalmente esos fines? ¿No sería lo correcto simplemente ampliar la institución del matrimonio, que tantos beneficios sociales tiene?

En este punto aparece el segundo argumento, la injustificada discriminación que supone frente a la cobertura de las instituciones sociales. Negar el acceso al matrimonio, institución civil, basado simplemente en la orientación sexual de las personas, implica anteponer determinadas valoraciones sociales en perjuicio de opciones adoptadas autonomamente, vulnerando la posición de neutralidad que debe mantener el Estado.

Frente a esta argumentación tradicionalmente se ha expuesto que el matrimonio es una institución básica en la sociedad, destinada a preservar la propia especie humana. Sin embargo ¿Realmente nos tomamos este argumento en serio? ¿Privamos de matrimonio a quienes son infértiles? ¿Exigimos la realización de pruebas genéticas a quienes lo contraeran a fin de determinar la compatibilidad? Claro, puede argumentarse que en estos casos todavía existe una relación que naturalmente puede llevar a la procreación. Pero en ese caso la fundamentación del argumento ya no es el mismo: lo relevante pasa de la supervivencia de la especie a la moralidad de la relación vista desde una perspectiva natural. Y frente a esto sabemos que la justicia o injusticia de las instituciones sociales no se encuentra condicionada por la naturaleza, siendo una problemática que debemos afrontar seriamente, preguntándonos por el cual es el nivel de respeto que esperamos recibir y conceder a nuestros iguales.

(*) Egresado de Derecho, Universidad de Chile. Ayudante del Departamento de Derecho Privado, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.