Fútbol y tecnología en la determinación del gol

Pablo Romero Munizaga (*)

En la jornada de este martes 19 de junio, en el estadio Donbass Arena de la ciudad de Donetsk, se enfrentaron las selecciones de Ucrania e Inglaterra con el objetivo de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Eurocopa 2012, que se disputa en Ucrania y Polonia.

Después del gol de Wayne Rooney, que adelantaba a los ingleses en el marcador y dejaba a los ucranianos eliminados del certamen del que son coanfitriones, John Terry —central británico— sacó desde la línea de su arco un remate de Marko Dević —delantero de la selección local—. La repetición de la jugada demostró que la pelota alcanzó a cruzar completamente la línea de gol. Ni el árbitro principal, ni su asistente en la mitad de la cancha donde sucedió el hecho, ni —peor aún— el árbitro que se encontraba detrás del arco a efectos de evitar este tipo de situaciones, cobraron el gol que abría significado el empate transitorio.

Este ha sido el más reciente caso de los que popularmente se denominan “goles fantasmas”. Y no se trata de una realidad reciente, basta remontarse varios años atrás hasta el Mundial de Inglaterra en 1966, cuando nunca se pudo determinar si el remate de Geoffrey Hurst fue o no gol en la final de dicho campeonato —en este caso, la salvedad viene dada en que el árbitro de ese encuentro, Gottfried Dienst, resolvió convalidando la anotación—. Otro caso también se presentó entre las mismas selecciones en el último Campeonato Mundial disputado en Sudáfrica, en el año 2010. En esa ocasión, el mediocampista inglés Frank Lampard remató de media distancia, la pelota golpeó en el travesaño, rebotó un par de centímetros dentro del arco y salió fuera de éste. Gol. Ni el árbitro principal ni su asistente se percataron de ello.

Hace un par de años empezó la discusión en orden a dilucidar la procedencia de la utilización de medios tecnológicos con la finalidad de determinar si una pelota cruzó o no la línea de gol. Al respecto, la International Football Association Board (“IFAB”), se ha negado constantemente invocando una serie de razones tales como la universalidad del juego —el fútbol debe disputarse de la misma manera tanto en un encuentro de barrio como en una competición profesional—, el factor económico de la tecnología —la implementación de los recursos necesarios puede ser muy costosa y fuera del alcance de la gran mayoría que practica este deporte— y el dinamismo del juego —el partido no puede ser detenido a efectos de analizar si un balón entró o no—, entre otros argumentos.

Las razones son fácilmente debatibles, desde la imposibilidad absoluta se pretender asimilar el fútbol de barrio con el ultra competitivo —el primero carece de jueces de línea, banderines en las esquinas de la cancha, etc.— hasta los intereses involucrados en uno y otro encuentro —aspectos profesionales y expectativas a nivel nacional, entre otros—. Incluso, el actual Presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (“FIFA”) —Joseph Blatter— se ha expresado abiertamente respecto a la necesidad de incorporar la tecnología en el Fútbol.

¿Dónde radica el problema, entonces?, en la IFAB. A diferencia de lo que se cree, no es la FIFA quien decide los cambios que se deben concretar en el reglamento de las reglas del juego. Toda propuesta de modificación debe ser aprobada por la IFAB, la cual se compone por las cuatro asociaciones de Gran Bretaña —Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte— más la FIFA. Cada acuerdo debe contar con el voto conforme de la FIFA más el de dos asociaciones de Gran Bretaña. Luego, por más que Joseph Blatter y todos aquellos que pretenden hacer parte la tecnología en el juego pregonen públicamente sus intenciones, mientras las asociaciones británicas no se convenzan de ello o cambien los Presidentes de ellas, esta necesidad actual seguirá siendo lo que desde hace varios años es: una discusión.

La situación actual, si bien permite un normal desarrollo del juego, afecta parte esencial de este deporte, es decir, otorga incertidumbre respecto a ciertas jugadas que son expresión del objetivo central de la contienda —el gol—. Si existen elementos de dilucidación prácticamente instantáneos y que permiten cambiar incertidumbre por certeza, lo que implica instaurar parámetros de justicia en competiciones profesionales —excluyendo la recreación—, se puede concluir que la implementación de recursos tecnológicos es necesaria y que será cuestión de tiempo su concreción en la práctica, circunstancia que dependerá de nuevos representantes en las asociaciones del Reino Unido, donde 3 de ellas son escasamente profesionales.

(*) Abogado, U. de Chile.

Las ciclovías: una expresión de respeto de la ciudad a sus habitantes

Rodrigo Galleguillos Martín (*)

Gracias al Programa de Intercambio de la U. de Chile, tuve la posibilidad de cursar el último semestre de mis estudios en Copenhague, Dinamarca. Esta experiencia cambió mi percepción del mundo en distintas materias, pero hay una de ellas que me gustaría compartir en esta columna: el respeto de una ciudad o país hacia sus habitantes, expresado en la manera en que se organiza el transporte, público o privado.

Un amigo chileno, haciendo un tour por la capital danesa, me decía: “Si te fijas, esta ciudad te respeta: puedes elegir – realmente – cómo quieres moverte. A diferencia de Chile, utilizar transporte público o la bicicleta no es una carga, y dicho uso tiene un estándar de seguridad y confort más o menos equivalente al auto”. Las palabras de mi amigo me abrieron los ojos respecto a cómo el valor de respetar al otro, se expresa también en el modo en que funciona el transporte al interior de la ciudad. En efecto, si uno elige no tener auto (o no puede acceder a él) Copenhague ofrece a sus habitantes una red de transporte público de calidad y una extensa red de ciclovías, las cuáles son mantenidas en excelente estado. La ciudad está hecha para que la bicicleta sea, realmente, un medio de transporte, existiendo estacionamientos ad hoc en estaciones de trenes y metro que permiten conmutar el uso de ambos medios de transporte con la bicicleta.

¿Por qué traigo a colación este tema, máxime considerando que hoy en Chile existen numerosos blogs y comunidades que promueven furiosamente el uso de la bicicleta? Por que en ningún blog ni carta al director he visto expresado el factor “respeto al ciudadano” que conllevan aquellas políticas públicas destinadas a habilitar ciclovías y espacios adecuados para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte.

El mayor valor agregado que puede brindar una política pública es contribuir a una mejor calidad de vida de las personas. La pésima percepción del Transantiago ocurre, a mí entender, por que su implementación no respetó a los ciudadanos: se les hizo modificar sus estilos de vida y, lo que es peor, trastocó los tiempos que las personas dedican a su vida personal y familiar. El Transantiago generó todos los estímulos posibles para que la gente comprase un auto, lo que trajo consigo un explosivo aumento en el número de vehículos en la capital y las consecuentes externalidades negativas en materia de contaminación y atochamientos (a modo de ejemplo, recuerdo que hasta antes del 2007 los tacos en Américo Vespucio estaban circunscritos a horas peak, en día de semana… y no a toda hora, como sucede en la actualidad).

Una ciudad que invierte en ciclovías y fomenta el uso de la bicicleta le está diciendo a sus ciudadanos: si no tienes plata para comprar un auto, o acceder al transporte público, nosotros nos preocupamos de darte un medio de transporte que prescinde de tu capacidad económica, y que permite que te desplaces por la urbe con seguridad y comodidad. Así, en forma adicional a los beneficios en materia de salud, medioambiente y turismo que trae consigo una política pública de desarrollo de ciclovías, una ciudad que fomenta el uso de la bicicleta está transmitiendo también una potente señal de democracia en el uso del espacio público: la ciudad ofrece medios de transporte dignos y seguros para todos.

En suma, considero que la habilitación de ciclovías adecuadas a lo largo y ancho de Santiago, y el desarrollo de infraestructura que permita la conectividad con otros medios de transporte (público o privado) constituiría una expresión de democracia y respeto, por parte de la capital de Chile, a sus ciudadanos.

(*) Abogado, U. de Chile

Plebiscito, ¿Sí o No?

Rodrigo Campero T. (*)

Más allá del juego de palabras del título de la presente columna, resulta pertinente analizar algunas razones a favor y en contra de la realización de un eventual plebiscito, como se ha propuesto por algunas voces, para encontrar una salida a la crisis de la educación que ha monopolizado la agenda pública durante los últimos meses.

En cuanto a las razones a favor de un plebiscito, puede mencionarse, en primer lugar que la realización de un referéndum permitiría a la ciudadanía, en forma directa, zanjar un conflicto que parece encontrarse en un punto muerto dada la incapacidad que han evidenciado tanto el gobierno como los actores sociales de sentarse a conversar acerca de una solución racional a este problema. Incapacidad del gobierno, por sus numerosos errores al encarar una situación tan compleja, e incapacidad de los actores sociales por plantear como asuntos esenciales e intransables materias complejas, no susceptibles de resolver en el corto plazo.

En segundo lugar, y relacionado con la razón anterior, un argumento a favor de un plebiscito constituye la legitimidad ciudadana que el resultado del mismo tendría, en aras de la resolución del conflicto.

Los motivos antes expresados servirían de argumentos suficientes para apoyar la realización de una consulta para resolver el conflicto de la educación. Sin embargo, existen cuestiones que deberían ser resueltas en forma previa, para poder considerar al plebiscito como una herramienta aceptable y legítima para la resolución de este caso.

En primer término, surge de inmediato una interrogante esencial: ¿Quién formula las preguntas sometidas a plebiscito? El tema no es menor, puesto que no existiendo un mecanismo legitimado socialmente (sin perjuicio de la regulación constitucional sobre la materia, que es muy puntual) para la definición de tal cuestión, es imposible pensar en un referéndum sobre el cual la ciudadanía pueda depositar su confianza y aceptación.

En segundo lugar, surge la interrogante acerca de la legitimidad y autoridad de la o las personas sobre las cuales recaería la responsabilidad de formular las preguntas sobre las cuales la ciudadanía se pronunciaría. Ante la inexistencia de un consenso acerca del ente habilitado para definir una cuestión de tamaña trascendencia, necesariamente habrán sectores que no se sentirán tanto representados por la voluntad emanada de la respuesta a la consulta, como obligados a cumplir con lo resuelto, ante la sospecha de la existencia de letra chica que pudiese distorsionar el resultado del plebiscito o las condiciones de la implementación del resultado arrojado por éste.

Asimismo, cabe preguntarse, en tercer lugar, acerca de la conveniencia de someter a la consulta popular, materias de alta densidad técnica, cuya respuesta escapa al mero voluntarismo. A modo de ejemplo, si el motivo de la consulta fuese el término del lucro en materia educacional, ¿cuál sería el alcance de la respuesta? ¿Cómo conciliar una respuesta, a veces influida por el componente emocional, contingente o derechamente por consignas, con consecuencias tanto económicas como legales? No se trata de menospreciar la voluntad popular, pero es un hecho que muchas veces las cuestiones son más complejas, en cuanto a su contenido, de lo que parecen.

Finalmente, un argumento en contra de un eventual plebiscito es que su realización implicaría renunciar a las instituciones que, para bien o para mal, durante los últimos años nos hemos dado para la resolución de nuestros problemas, modificándolo por puro voluntarismo ante la imposibilidad de plantear un diálogo razonable. Nada obsta que tales instituciones sean modificadas, a la luz de los cambios propios de la dinámica social, pero cambiarlas únicamente por la incapacidad de la sociedad de adoptar una posición madura frente a un problema complejo, demuestra un débil compromiso con valores en los que todos dicen creer pero pocos parecen demostrarlo.

(*) Abogado, U. de Chile.