Rodrigo Campero T.
Abogado U. de Chile
Desde hace un tiempo, en
distintos niveles y ambientes, se viene hablando de la necesidad de realizar
cambios a la Constitución Política que actualmente nos rige, sobre todo en
materias de régimen político, sistema electoral y quorum de aprobación de leyes
acerca de determinadas materias. Esa necesidad ha permeado en casi la totalidad
del discurso de los distintos actores políticos, al punto que ya no existe
(casi) ninguno de ellos que no reconozca la necesidad de, al menos, efectuar
ajustes, perfeccionamientos o reformas en la materia.
Este discurso es más fuerte
tratándose de los grupos, partidos y candidatos presidenciales de izquierda,
los que abogan por la convocatoria a una “Asamblea Constituyente”, destinada a
generar un nuevo pacto constitucional que desplace al generado en 1980 y
remendado innumerables veces, hasta llegar al nuevo texto refundido del año
2005. Esta iniciativa se ve respaldada fuertemente por distintos movimientos,
ya sean políticos, sociales o académicos, que proponen alternativas que van
desde la “cuarta urna”, “marcar el voto” o bien convocar sin más trámite a la
Constituyente.
A estas alturas, existe consenso
de la necesidad de implementar cambios a nivel constitucional, que permitan
adecuar las reglas de la norma fundamental a los nuevos tiempos sociales. Ahora
bien, donde hay multiplicidad de opiniones es en el mecanismo, pero sobre todo
en el contenido de las reformas. La pregunta central y más importante no
debiese ser cómo cambiar, sino qué cambiar.
Es ahí donde se debiera centrar
el debate y no en sí lo más apropiado es una Asamblea Constituyente, una
Comisión Bicameral o lo que sea. Alguien señaló en la prensa en alguna
oportunidad que una asamblea
constituyente es el perfecto camino para no hacer nada, y creo que la frase
tiene mucho sentido, y mucho de verdad, en la medida que quienes promueven esa
clase de mecanismos no expliciten cuáles son
los cambios que se le quieren proponer al país.
En definitiva, no basta con
enunciar conceptos amplios como “justicia”, “igualdad”, “nacionalización”,
“gratuidad”, etc., si no se expone y propone de qué manera tales ideas se
plasmarían en un nuevo texto constitucional. No se trata, naturalmente, de
explicar como irían escritos los nuevos artículos, pero sí de
dar a conocer de manera concreta y sincera, los lineamientos y propuestas que
se sustentan en dichos conceptos tan amplios, y que por lo mismo, pueden
significar mucho como también pueden significar nada.
Esas aclaraciones, indispensables en un debate sincero, no sólo irían en beneficio de quienes propugnan esas acciones, sino que además contribuirían a un intercambio responsable, fundado y no populista, donde todos los actores podrían hacerse cargo de los argumentos contrarios y de sus propias posiciones.
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