Rodrigo Campero T. (*)
Para desazón de muchos y alegría de otros cuantos, el sinuoso camino que siguió el proceso de calificación del proyecto energético HidroAysén ha concluido con la emisión de una resolución favorable.
Sin embargo, aún existe un largo camino por recorrer. Sin duda surgirán en el camino variados recursos judiciales con el fin de paralizar la ejecución del mega proyecto. Asimismo, aún resta por obtener la autorización ambiental para el trazado de la línea de transmisión eléctrica ha de tenderse entre Aysén y Santiago, cuestión fundamental para el éxito de esta iniciativa energética.
Pese a la existencia de los mencionados obstáculos, que impiden que el proyecto en comento, paradójicamente vea la luz, es posible en estos momentos extraer algunas conclusiones.
En primer lugar, queda de manifiesto que la institucionalidad ambiental chilena requiere, en forma urgente, una revisión en serio. Pese a haber sido objeto de una muy reciente reforma de carácter estructural, nuestra legislación medioambiental sigue adoleciendo de de un gran vicio, a saber, la falta de independencia política y técnica de los entes llamados a otorgar la calificación ambiental de los proyectos entregados a su conocimiento.
Así, el hecho que la aprobación o rechazo deba ser entregado por funcionarios subordinados jerárquicamente y en forma directa a la autoridad central, pone en entredicho la supuesta independencia que tales funcionarios deberían de gozar en el ejercicio de sus funciones, tendiendo un manto de duda acerca de que tan transparente resulta ser la tramitación de esta clase de mega proyectos.
En este sentido, de la misma forma en que se han alcanzado consensos para mejorar la competencia técnica de los organismos reguladores de los mercados, debería avanzarse hacia la creación de un sistema de evaluación ambiental independiente y descentralizado, que minimice la influencia de las autoridades del gobierno central y que legitime la toma de decisiones de carácter ambiental.
En segundo lugar, informaciones de prensa que delatan el vínculo –real o no- de personeros de HidroAysén con autoridades de gobierno, hace aparecer nuevamente el enojoso tema del conflicto de intereses que afecta a varias de nuestras autoridades públicas. Pero más escandaloso que la existencia de este supuesto vínculo, resulta ser que, a estas alturas, la elite política nacional no haya sido capaz de construir consensos que permitan la creación de un sistema eficaz y legitimado socialmente que logre disociar la actividad pública de los negocios privados.
Finalmente, no deja de sorprender el reduccionismo en el que ha caído la discusión ambiental en general y sobre todo este proyecto, en particular. Pese a la existencia de argumentos atendibles de lado y lado, las partes han centrado sus posiciones en lo contingente y no en los temas de fondo, dando lugar a una lucha que a ratos parece librarse entre despiadados hombres de negocios y fanáticos ecologistas milenaristas. Ha quedado fuera del debate una cuestión tan esencial como la definición de políticas estratégicas de largo plazo en materia de medio ambiente. Dicha omisión, más que la aprobación misma del proyecto eléctrico, parece ser la principal tragedia de todas. Se perdió dicha oportunidad en Barrancones y se está perdiendo en HidroAysén.
Es un tema de complejidad notoria, sin embargo, un aspecto que me llama la atención y que se expresa en la siguiente frase de su columna "...el hecho que la aprobación o rechazo deba ser entregado por funcionarios subordinados jerárquicamente y en forma directa a la autoridad central, pone en entredicho la supuesta independencia que tales funcionarios deberían de gozar en el ejercicio de sus funciones, tendiendo un manto de duda acerca de que tan transparente resulta ser la tramitación de esta clase de mega proyectos.", no ataca el problema de fondo. No considero que el mal de males provenga de la subordinación con la autoridad central de turno, más aún si existe un procedimiento legalmente aprobado que señala los requisitos que deben cumplirse para la aprobación de un proyecto de esta envergadura. Si tales requisitos se cumplen, la autoridad competente está obligada a conceder la autorización para el desarrollo de la iniciativa comercial.
ResponderEliminarEl que existan ausencias de propuestas de energía eólica, solar u orgánica puede constituir un problema, que no exista mayor presencia de intervención ciudadana puede ser otro inconveniente, pero no considero que sea procedente culpabilizar al organismo estatal competente, que es el que tiene que decir en base a una normativa vigente y que debe respetar en caso de cumplirse con lo exigido legalmente.
Estimado:
ResponderEliminarEstoy de acuerdo que "el mal de males" no proviene necesariamente de la autoridad ambiental llamada a evaluar el proyecto. Tal como señalas, efectivamente la autoridad le cabe actuar dentro del ámbito de sus competencias, es decir resolver conforme al principio de legalidad el asunto entregado a su conocimiento.
En ese sentido, si el proyecto cumple con los requisitos establecidos por la ley, debe ser aprobado. Así de simple.
La crítica se efectúa desde una perspectiva institucional. El hecho que sean autoridades pertenecientes al gobierno central las que califiquen el proyecto hace que la decisión "se ensucie", ya que surge la duda de si seremis, intendentes, etc., tienen la competencia técnica y la independencia para evaluar un proyecto en su mérito.
Rodrigo Campero