Rodrigo Galleguillos Martín
La formulación de una política pública constituye un escenario complejo, donde coexisten distintos actores que buscan influir en el resultado final. En tal sentido, resulta relevante que en dicha etapa participen distintos agentes, pues ello contribuye a enriquecer el debate, reviste de legitimidad democrática al proceso de formulación, y permite que aquéllos que se verán afectados por la política pública sientan que sus opiniones fueron recogidas y valoradas dentro del espacio de discusión previo a la implementación de ésta.
Considerando la importancia que han adquirido en los últimos años las temáticas vinculadas a energía, medioambiente, y desarrollo sustentable, cabe destacar la iniciativa del Gobierno de lanzar una Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico, la cual tendrá como misión analizar y establecer las bases de una política energética de largo plazo para el país. De acuerdo a lo expresado por el Ministro de Energía, Laurence Golborne, la mencionada Comisión tendrá un carácter transversal y representativo, compuesta por expertos en materia energética, medioambiental y regulatoria, y tendrá la misión de abrir el debate sobre el sistema eléctrico nacional, basado en los recursos del país y considerando la viabilidad técnica, económica y ambiental de las diferentes tecnologías.[1]
Sin embargo, al revisar el listado de los expertos llamados a conformar este grupo de trabajo, queda en entredicho el carácter transversal y representativo al cual, supuestamente, apunta esta Comisión: la mayoría de los expertos están vinculados a la industria de generación de energía eléctrica, la cual constituye uno de los principales grupos de interés en la definición de una política energética nacional. Una posible consecuencia de esta conformación será que el resultado que emerja de dicha Comisión podrá recibir críticas por no representar las distintas visiones sobre cómo debe abordar Chile el reto energético. Asimismo, resulta sorprendente que la Comisión no incluya a representantes de organizaciones ambientales o ciudadanas, más aún considerando que el proceso de aprobación ambiental de Hidroaysén ha demostrado que la ciudadanía está empoderada con los temas ambientales, que tiene una postura sobre el tema y que – literalmente – está exigiendo a gritos ser escuchada y considerada a la hora de abordar el desarrollo de una política energética nacional.
La citada Comisión tendría mucho que ganar con la integración de representantes de ONGs u organizaciones ciudadanas. En tal sentido, se estaría dando una señal al país que el Ministerio elabora la política energética incluyendo a aquellos grupos ciudadanos interesados en la promoción de un desarrollo menos intensivo en el uso de los recursos naturales, legitimando a esta instancia como una mesa realmente transversal, e incrementando las posibilidades que el trabajo que emerja de la Comisión sea validado por la ciudadanía.
No obstante, de acuerdo al Ministro Golborne, la Comisión Asesora podrá contar durante sus sesiones con invitados que representen a diversos actores del quehacer nacional[2]. Ello abre una ventana para que la Comisión haga partícipe de la discusión a organizaciones ciudadanas y otros agentes que tengan ideas en relación a cómo debiese estructurarse nuestra matriz energética.
En suma, la idea de abrir la discusión sobre política energética es loable. Sin embargo, la sola conformación de los miembros de esta Comisión permite intuir que ésta podría ser criticada por carecer de un carácter representativo y transversal. En aras de no desaprovechar esta instancia, es de esperar que la Comisión haga partícipe a la mayor cantidad posible de actores, y que – en definitiva – se haga un análisis razonado de cómo sus ideas podrían (o no) contribuir a la formulación de una política energética acorde a las exigencias que la ciudadanía hoy está haciendo a nuestra clase política.
[1]MINISTERIO DE ENERGÍA, CHILE. [en línea] <http://www.minenergia.cl/minwww/opencms/02_Noticias/noticia_detalle66ac.html?noticia=/02_Noticias/10.0.1.6.noticias_anteriores/f_noticia_03_05_2011.html> Consulta: 22 de mayo de 2011.
[2] Ibid.
Rodrigo,
ResponderEliminarLoables sin duda las buenas intenciones del ejecutivo, sin embargo, ¿sirve implementar un organo asesor para la toma de decisiones ex post a una decisión del calibre de la tomada respecto al proyecto hidroeléctrico en la región de aysén?
Estimado Rodrigo,
ResponderEliminarNo veo como puede ser loable crear una comisión sesgada. La mejor respuesta es no participar y deslegitimarla.
Es un error de la política chilena solucionar los conflictos políticos invitando a técnicos. El lugar para discutir temas políticos es el parlamento y ante la opinión pública, y las opiniones técnicas debieran ser expresadas ahí.
Hola Felipe
ResponderEliminarEstoy de acuerdo contigo en que el parlamento debiese tener un rol protagónico en la conformación de nuestra política energética.
Lamentablemente, la Constitución y las leyes dan al Poder Legislativo un margen muy estrecho de acción: aún cuando un grupo de parlamentarios tenga buenas intenciones y genere un proyecto de ley encaminado a un desarrollo más sustentable, el Poder Ejecutivo cuenta con una serie de facultades para acomodar dicho proyecto a sus intereses y prioridades (por ejemplo, asignación de urgencias en la tramitación... o su retiro).
Por ello, como están las cosas, es en el Ejecutivo donde se están tomando las decisiones, nos guste o no. En tal sentido, me parece bien que se cree una Comisión asesora... pero para que ésta goce de legitimidad, debe integrar a la mayor cantidad de actores posibles.
Un abrazo
Rodrigo
El Mostrador, en su edición del 1 de Junio de 2011, publicó una interesante columna vinculada a la Comisión antes citada: http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/06/01/panel-de-expertos-%c2%bfcurriculum-o-prontuario-energetico/
ResponderEliminarSaludos,
Rodrigo